Oviedo, P. GONZÁLEZ

Ovidio Sánchez, presidente del Partido Popular (PP) en Asturias, aseguró ayer que el retraso que se está produciendo en el pago del salario social por parte del Principado supone la condena de muchos asturianos «a la mendicidad y al hambre». Mientras, Noemí Martín (IU), consejera de Bienestar Social, y responsable del pago de esta ayuda, destinada a aquellos que ingresan menos de 532 euros mensuales, reconoció retrasos en el pago de casi seis meses y aseguró que esta situación «es una bomba de relojería».

Desde este departamento, en manos de Izquierda Unida (IU), se culpa de esta situación a la consejera socialista de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya. IU acusa a Migoya de tener bloqueada la contratación de «cuatro funcionarios», necesarios para agilizar los 600 expedientes acumulados del salario social.

Para el popular Ovidio Sánchez esta situación viene a demostrar que el Presupuesto pactado entre PSOE e IU a finales del pasado año «era falso y con cantidades insuficientes». Sánchez aseguró que a pesar de que son tiempos de recortes «no se puede ahorrar con los más débiles». Así, el líder del PP asturiano tiene claro que la situación no es más que «un golpe de Areces al Estado del bienestar». Sánchez considera que mientras Bienestar Social no es capaz de tramitar los expedientes, los miembros del bipartito PSOE-IU que presidente Vicente Álvarez Areces «no se preocupan de quitar chiringuitos llenos de incompetencia y sin ninguna funcionalidad».

Al tiempo, Inmaculada González, diputada regional del PP, acusó a IU de «querer ser Gobierno en Suárez de la Riva (calle en la que se encuentra sede la presidencia del Principado) y oposición en la prensa». «Da igual si faltan o no funcionarios, lo que importa es que el Gobierno cumpla la Ley», aseveró para calificar lo que está ocurriendo en el seno del bipartito como un «espectáculo lamentable».

Por su parte, Noemí Martín se comprometió a seguir «peleando» para conseguir «en breve» el personal que desde su consejería se considera necesario para tramitar los miles de expedientes que en su consejería se acumulan relativos al salario social, pero también a la Ley de Dependencia.