La asociación de concejos estima «equitativa» la nueva reducción de 200 millones

«Es una cantidad equitativa y proporcionada». Así valoró ayer el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Jesús Pereiro, el recorte adicional de 200 millones en los ayuntamientos que está incluido en el real decreto de medidas extraordinarias para acelerar la reducción del déficit público. A juicio del máximo responsable de la FACC y alcalde socialista de Luarca, que está a la espera de recibir detalles de la medida, la cifra inicialmente prevista «responde al peso que tiene en España la Administración y la deuda local, tal como este organismo reclamaba en la asamblea general celebrada hace una semana».

Según los datos del Banco de España, la deuda autonómica a escala estatal es de 86.280 millones de euros, mientras que la local alcanza los 28.770 millones. Sobre esta base, el Gobierno ha decido que, de un ahorro adicional de 1.200 millones de euros, las autonomías aporten el 83,4 por ciento, con un total de mil millones, y los ayuntamientos el 16,6 por ciento restante, con 200 millones de aportación.

Según Pereiro, a la FACC le plantea «más dudas» el hecho de que, «tal como ha sido anunciado», «se vaya a realizar un aplazamiento hasta 2012 de las operaciones de endeudamiento a largo plazo de las administraciones locales». A su juicio, la medida «podría perjudicar a aquellos ayuntamientos económicamente saneados y solventes, con margen suficiente para el crédito dentro de una de las más estrictas políticas de estabilidad financiera y presupuestaria». Es más, el regidor luarqués advierte de que, de salir adelante tal como está planteada en un principio, «muchos ayuntamientos perderíamos nuestra única herramienta real de inversión».

Para finalizar, el presidente de la FACC advirtió de que «tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas deben evitar repercutir indirectamente en las administraciones locales el peso del ajuste que les corresponda, recortando las transferencias y subvenciones, que hoy en día resultan vitales para los ayuntamientos como consecuencia del modelo de financiación que tenemos».