Oviedo, L. Á. VEGA

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas no ha encontrado el consenso suficiente para aprobar la memoria anual a la que le obliga la ley, por no incluirse en la misma el también preceptivo análisis general del sector público. La memoria presentada al Consejo, como la de anteriores años, se limitaba a hacer un recuento de las actividades y las cuentas de este órgano fiscalizador, incluyendo los diferentes informes parciales elaborados durante 2009. Los síndicos propuestos por PP e IU, Mercedes Fernández y Antonio Arias, la vetaron al considerar ineludible realizar un análisis general, al que el síndico mayor, Avelino Viejo, se opuso por estimar que los informes fiscalizadores incluidos en la memoria ya identificaban de forma suficiente los defectos del sector público y precisaban las medidas para corregirlos.

Fuentes de la Sindicatura indican que la memoria no está en absoluto «parada», sino que ha sido «elaborada y rechazada» por el Consejo de este órgano fiscalizador. Es no obstante la primera vez que ocurre algo así. En la web de la Sindicatura están publicadas las memorias anteriores de 2005. Ninguna de ellas incluye el análisis general que ha motivado el actual problema.

La Sindicatura considera que todos los informes aprobados por el Consejo incluyen las conclusiones y recomendaciones correspondientes y pertinentes. Por lo tanto, «el análisis global de las conclusiones derivadas de la acción fiscalizadora», al que obliga la ley, no permite exceder el ámbito de los informes realizados, según señalan fuentes de la Sindicatura.

Otro tanto puede decirse de las «medidas que considere apropiadas para la mejora de la gestión económico-financiera del sector público autonómico»: ahí están los informes con sus recomendaciones, sostiene la Sindicatura. Las memorias aprobadas especifican que todos los informes aprobados forman parte de la misma. Por lo tanto, todas sus conclusiones y recomendaciones forman parte de dicha memoria, según fuentes de la Sindicatura. Con esto se justifica la no inclusión en la memoria del análisis general que reclaman los síndicos propuestos por el PP e IU. Las fuentes no han aclarado si se modificará la memoria anual para buscar el consenso.

Fuentes de la Junta General indican que la negativa de Avelino Viejo a incluir ese análisis general se debe al riesgo cierto de que contuviese críticas al Gobierno regional. Ante esta actitud, el ex senador y concejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo Jaime Reinares ha pedido la dimisión de Avelino Viejo.

Reinares considera que «su actuación al frente de la Sindicatura ha llevado a ésta al descrédito, porque su actuación ha estado al servicio del PSOE, incumpliendo su deber de neutralidad». Para el ex senador, «Viejo se empeña en defender lo indefendible, rayando en el presunto delito, o cayendo directamente en él, ya que muchas de sus actuaciones entran dentro de la calificación de presunta prevaricación».

A mayor abundamiento, Reinares aseguró que «la auditoría del Idepa y la actuación personal de Viejo deberán explicarse ante los tribunales», y que «su ausencia de actuación en el escándalo de "Vetusta XXI" clama al cielo, con más de 120 trabajadores en el paro y más de 10 millones de euros de dinero público supuestamente entregados por la la pareja Marroquín-Sáenz a dos amigos personales».

Para Reinares, «Viejo lleva 25 años ocupando altos cargos en la administración socialista, desde el Ayuntamiento de Oviedo al Gobierno regional». Y añadió que «su última actuación, tratando de impedir que la Sindicatura cumpla sus obligaciones en la memoria anual, debería llevarle a la dimisión o al cese, y de no hacerlo la credibilidad de la Sindicatura quedaría en entredicho».

«Viejo se empeña en defender lo indefendible, rayando en el presunto delito, o cayendo directamente en él»

<Jaime Reinares >

Concejal del PP en Oviedo