Gijón / Oviedo,

M. CASTRO / R. L. MURIAS Pablo GONZÁLEZ

Los alcaldes no se conforman con los cambios introducidos por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el decreto de restricción del crédito a los ayuntamientos. No les basta el aplazamiento a 2011 del comienzo de esta veda crediticia. Quieren otra rectificación de Zapatero. Los ayuntamientos aspiran a que se les permita contraer deuda el próximo año para acabar las obras plurianuales y garantizar las cofinanciadas con fondos autonómicos, estatales y europeos. No quieren pasarse en blanco el año electoral.

Esta exigencia la han puesto encima de la mesa incluso barones locales de su mismo partido, como la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Otro destacado alcalde socialista, el de Zaragoza, ministro en tiempos de Felipe González, Juan Alberto Belloch, además de asegurar que la rectificación de Zapatero es «insuficiente», anunció que ha dado orden a sus servicios jurídicos para estudiar si puede ser inconstitucionalildad y recurrirlo. Un extremo que también estudia el Gobierno valenciano (PP).

Paz Fernández Felgueroso, que es una de las vocales más activas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), adelantó que el organismo va a plantear al Gobierno que incluya dos excepciones a la restricción del endeudamiento local: «Que se permita contraer deuda para aquellas obras que tienen cofinanciación de otras administraciones públicas o fondos europeos, y para aquellas que se empiecen este año pero que parte de ellas se paguen en 2011». En este caso, el de los denominados proyectos plurianuales, la restricción del endeudamiento podría suponer «que se dejaran de pagar las obras a las empresas que las han ejecutado».

Felgueroso, que fue una de las alcaldesas socialistas que intervino ante el Gobierno central el pasado lunes después de conocerse por el BOE que la prohibición para endeudarse entraba en vigor inmediatamente, también apuntó que las restricciones no implicarán necesariamente que no se vayan a ejecutar inversiones. «El año que viene habrá municipios que podrían hacer inversiones, pero con recursos propios, sin recurrir a deuda». Y aseguró que le parece «difícil» que, como piden muchos alcaldes, por ejemplo Jordi Hereu (Barcelona, PSOE), la restricción no sea igual para aquellos ayuntamientos que han controlado el déficit que para los que han disparado su deuda.

Sí dejó claro que «no parece que el "café para todos" sea la solución más justa», en el sentido de que «hay ayuntamientos que han sobrepasado el límite legal de endeudamiento, mientras que hay otros que no lo han hecho y que podrían, por lo tanto, estar en mejor posición para contratar créditos». Además, descartó que vaya a producirse una avalancha de solicitud de créditos por parte de los municipios, «porque hay que tener las autorizaciones pertinentes», y añadió que «este tipo de créditos los autorizan las comunidades autónomas y sencillamente no serían autorizados y, por lo tanto, las entidades de crédito no los suscribirían». Felgueroso sentenció que «la situación está complicada para todos, para los municipios, para las comunidades autónomas y para el Estado». Por su parte, Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde socialista de Getafe, aseguró que ha llegado la hora en la que los ayuntamientos tienen que «priorizar entre hacer calles o políticas sociales».

Por su parte, el alcalde de Grado, Antonio Rey (PP), aseveró que si Zapatero no cede a la solicitud de la FEMP de ampliar su rectificación a las obras cofinanciadas y plurianuales «muchos concejos se irán a la ruina. ¿Vamos a tener que renunciar a las subvenciones de fuera y dejar a los municipios sin esas obras?». Rey lanzó un mensaje a Zapatero: «No entiendo si esta medida es legal porque la Constitución nos permite un endeudamiento del 110%, para eso tenemos a los interventores, que son quienes nos dicen hasta dónde podemos llegar. Tienen que darnos libertad de maniobra». El alcalde moscón advirtió de que «pueden aparecer problemas para pagar a proveedores o al personal del Ayuntamiento. Aunque tengamos solvencia económica, nadie está libre de tener que hacer frente a un pago por una catástrofe».

Y no más optimista se mostraba el alcalde socialista de Castropol, José Ángel Pérez. «Los ayuntamientos vivimos en la escasez más absoluta y lo cierto es que las medidas del Gobierno no nos ayudan. Hay que echar números y ver con detenimiento hasta dónde podemos llegar o si tenemos que hacer recortes de personal. Esperamos que no». Y aseguró que la «ley de financiación local es la necesidad más acuciante que tenemos. Somos quienes damos los servicios a los ciudadanos».