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Nuevo conflicto en el ente fiscalizador
 

Mercedes Fernández y Antonio Arias piden la destitución de la secretaria de la Sindicatura

Los síndicos propuestos por el PP y por IU unen sus fuerzas contra Rosa Zapico, a la que acusan de una «absoluta dejación de sus funciones»

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Antonio Arias.
Antonio Arias. 
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Oviedo, J. A. ARDURA
La guerra en la Sindicatura de Cuentas no cesa. Dos síndicos, Mercedes Fernández y Antonio Arias, han enviado un escrito al Síndico mayor, Avelino Viejo, en el que solicitan la convocatoria de un consejo para tratar el cese de la secretaria general, Rosa Zapico. Los dos síndicos basan su petición en el contenido de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que anuló el proceso de nombramiento de ocho funcionarios por realizarse mediante el sistema de libre designación. Fuentes de la Junta General, institución a la que está vinculada la Sindicatura, tacharon de desleal la actitud de ambos síndicos y sostuvieron que sólo persiguen deteriorar la imagen del órgano fiscalizador.

La Sindicatura ha estado envuelta en polémicas de índole política prácticamente desde su creación. Esta entidad tiene como misión fiscalizar las cuentas de las entidades públicas de la región. El nombramiento de sus tres síndicos fue el resultado de un acuerdo entre los tres grupos parlamentarios. El PSOE propuso a su ex concejal y ex consejero de Hacienda Avelino Viejo, el PP hizo lo mismo con la ex diputada nacional Mercedes Fernández e IU decidió dar su apoyo a Antonio Arias, que anteriormente fue interventor en la Universidad.

Los síndicos propuestos por el PP y por IU han unido ahora sus fuerzas para pedir el cese de Rosa Zapico, la secretaria general de la Sindicatura. Sostienen que han perdido la confianza en esa funcionaria a la que acusan de «absoluta dejación en las funciones de representación» en el caso que ha propiciado la sentencia del TSJA, de la que destacan su contundencia. Además, se quejan de que dicha funcionaria no les asesora, interfiere en sus trabajos y se niega a facilitarles información.

Fuentes próximas a la Sindicatura manifestaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA que la relación de puestos de trabajo anulada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias fue aprobada «por unanimidad» por el Consejo de la Sindicatura, integrado por los tres síndicos, y del que Zapico es secretaria. Las mismas fuentes aseguraron que esa relación de puestos de trabajo contó con el visto bueno del citado consejo hasta en cuatro ocasiones, sin que nunca hubiera sido objeto de reparo alguno. Es más, incluso afirman que Fernández y Arias fueron en su día «partidarios de poder elegir a su auditor y, por lo tanto, de disponer de más margen para la libre designación. En la actualidad, en cambio, los equipos de auditores rotan y cambian de composición anualmente.

Por otra parte, fuentes próximas a la Sindicatura añadieron que este ente, al elaborar su relación de puestos de trabajo, siguió las mismas pautas, de manera mimética, que el Principado, que estableció la libre designación como método para todos los nombramientos comprendidos entre el nivel 26 y el nivel 30 «sin que fuera necesaria justificación alguna». Ahora la sentencia obliga a explicar los motivos de esa designación. «Y lo haremos», señalaron las mismas fuentes, aunque también hicieron hincapié en que esta sentencia carece de efectos prácticos porque en la actualidad en la Sindicatura «no hay ningún puesto cubierto por libre designación».

Fuentes de la Junta General aseguraron ayer que la solicitud de los dos síndicos no prosperará, debido a que la facultad de proponer nombramientos o destituciones al Consejo es competencia exclusiva del Síndico Mayor. «No es la primera vez que los dos síndicos piden la destitución de la secretaria general. Incluso propusieron modificar los estatutos internos para poder hacerlo, pero la propuesta fue rechazada por la Mesa de la Junta», indicaron las mismas fuentes, que añadieron que la petición de Arias y Fernández «no tiene futuro ni efectos prácticos». Para estas mismas fuentes parlamentarias, «su única intención es provocar confusión y deteriorar la imagen del órgano fiscalizador, una acción desleal, impropia de un síndico, y que coincide con la estrategia de ataque preventivo, descalificación y matonismo desarrollada por el PP de Oviedo».

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