Madrid / Oviedo,

Efe / M. P.

Sólo unas pocas autonomías emularán a Castilla-La Mancha en su decisión de suprimir varias consejerías. La mayoría sigue ajustando el gasto y secundando el recorte salarial aprobado por el Gobierno mientras esperan la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Asturias es una de ellas. El Principado ya advirtió de que no prescindirá de altos cargos porque hay el «mínimo necesario» y que tampoco se suprimirán consejerías porque en otras comunidades uniprovinciales «hay hasta subdirecciones generales y aquí no».

En siete (antes eran diez) se ha quedado el número de consejerías de la Junta de Castilla-La Mancha, presidida por José María Barreda, y en 40 (antes 93) el de fundaciones, consorcios y empresas públicas, con lo que el Gobierno autonómico se ha reducido a la mitad desde el inicio de la legislatura. Una decisión que no piensa tomar la Junta de Castilla y León porque considera que su estructura está «muy medida y tasada», y que el trabajo de sus doce consejerías ha servido para cumplir con la senda de austeridad marcada.

Tampoco es muy partidario de esa medida el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aunque puede ser «planteable» en una comunidad que contará en 2011 con un 40 por ciento menos de altos cargos.

La Xunta de Galicia no tiene pensado ajustar consejerías porque ya pasó de 13 a 10, así como sus vehículos oficiales, que pasaron de 143 a 84, pero reducirá organismos públicos y fundaciones.

De medidas «efectistas» ha tachado el presidente navarro, Miguel Sanz, la reducción de áreas, aunque las respeta, en tanto que en la vecina Aragón se remiten a un posible acuerdo del PSOE con el PAR, partido éste último que podría ser partidario de ponerla en marcha. Aragón se quedará con un 25 por ciento menos de empresas públicas para contener el gasto, mientras que La Rioja hará «gestos» que se sumarán a los ajustes ya realizados tras la eliminación de direcciones generales y otros órganos.

Murcia ya remodeló la estructura y se quedó con nueve de las doce consejerías, además de reducir el 20 por ciento el número de altos cargos.

Por su parte, Cataluña ha lanzado ya su plan de austeridad, con el que espera recortar el déficit en unos 1.700 millones, y ha acordado, además de las bajadas de sueldo, recortes en los conciertos sanitarios y educativos, y la subida de tres impuestos -transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y el de matriculación.

Un presupuesto «enormemente austero» para aliviar el «marasmo» en el que el Gobierno ha situado las cuentas públicas ha anunciado para 2011 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que para dar ejemplo se ha bajado el sueldo un 17 por ciento, dos puntos más que lo estipulado para los altos cargos. Aguirre «obligará» a sus consejeros a viajar en transporte público y cuando no puedan pondrá a su disposición una flota de coches oficiales de gama media baja.

Por seguridad, es poco probable que se reduzca la flota en el País Vasco, donde Patxi López tiene intención de mantener el «cheque-bebé», ahorrar 87 millones con la bajada de sueldo de los funcionarios, disminuir el gasto corriente en 2011 en 30 millones y recortar en un 3 por ciento las subvenciones a partidos, sindicatos y asociaciones.