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La grúa se sale de la ley

La nueva norma impide a los agentes de Policía retirar coches sin una delegación de Alcaldía, algo que sólo ha corregido Oviedo

 08:27  
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Oviedo, J. A. O.

La temida grúa queda en entredicho. La nueva ley de Tráfico pone en seria duda la legalidad de la retirada de vehículos de la vía pública, cuando se lleva a cabo con la única intervención de agentes de la Policía Local. Expertos consultados por este diario aseguran que la redacción del epígrafe en el que se regula esta actividad obliga a que sea el Alcalde en persona quien autorice la operación, a no ser que haya firmado un decreto de delegación expresa en favor de los policías. Oviedo ya lo ha hecho, mientras Gijón, Avilés, Mieres, Langreo y Siero mantienen el asunto en manos de sus servicios jurídicos.

La nueva ley de Tráfico establece que será «la autoridad encargada de la gestión del tráfico» quien «podrá proceder a la retirada de un vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe». El quid de la cuestión está en que esta autoridad no es la Policía sino el alcalde o, en su caso, el concejal delegado en materia de Tráfico. De acuerdo con esta redacción, los policías han perdido la potestad para la retirada de vehículos con la grúa municipal que les atribuía el anterior marco legal, en el que se apuntaba claramente que la competencia era de «los agentes de la autoridad» y no de la autoridad a secas.

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, sostiene que el problema obedece a una «mala redacción de la ley, que crea un vacío que solamente se puede subsanar con un decreto expreso de los alcaldes delegando la competencia en materia de Tráfico». ¿Y cómo actuar en el caso de que la grúa retire un vehículo en un municipio en el que la potestad siga en manos del regidor? Arnaldo recomienda «pagar la correspondiente tasa para sacar el coche del depósito municipal y, a continuación, plantear un recurso contra el cobro, reclamando la nulidad de pleno derecho de las actuaciones por haber sido realizadas por personal sin la competencia necesaria». Esta tesis también es defendida por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, un organismo que pide a sus asociados que se abstengan de hacer uso de la grúa en el caso de que no se haya producido, de manera diáfana, la delegación por parte de las autoridades.

Oviedo ha sido una de las pocas ciudades españolas que se ha dado cuenta de la «bomba» incluida en la legislación de Tráfico. La edil delegada del área, Concepción García Álvarez, asegura que antes de la entrada en vigor de la normativa, firmó un decreto en el que da potestad a la Policía Local para la retirada de vehículos y su traslado al depósito.

En el caso de Gijón, fuentes municipales aseguran que la cuestión está siendo examinada por los servicios jurídicos del Consistorio, con el objetivo de determinar su aplicación a la normativa local. Desde Avilés, el concejal de área, Ramón Fernández Huerga, sostiene que «en principio, la actividad de la grúa está cubierta legalmente por la normativa municipal», aunque apunta que se llevará a cabo un análisis más detallado y sin excluir medidas para adaptarse al contenido de la legislación.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados asegura que la mayor responsabilidad de este embrollo legal es de los redactores de la ley, pero no deja que las administraciones municipales se vayan de rositas. Arnaldo entiende que «la mayoría de los ayuntamientos incurrieron en una dejación de funciones al no haber apreciado el problema que se planteaba con la grúa durante el período de información pública de la ley». Y es que, según indica, «hay municipios que, en la práctica, tiene suspendida la retirada de vehículos».

Pese a la polémica, la Dirección General de Tráfico niega carencias en la nueva ley y asegura que, en el caso de la grúa, lo único que se hace es fijar la responsabilidad en la autoridad administrativa.

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