Migoya dice que la mayoría de los funcionarios «comprenden» que se les reduzca el sueldo

Oviedo, J. A. ORDÓÑEZ / Efe

Las tres formaciones políticas con representación en la Junta General volvieron a dejar claras ayer sus diferencias acerca del proyecto de ley para la aplicación de medidas urgentes de contención del gasto. El PSOE defendió la medida ante la necesidad de hacer un esfuerzo para encauzar la difícil situación económica; IU-BA-LV trató de marcar diferencias con sus socios de gobierno, asegurando que su intervención propició un recorte más justo y progresivo, mientras que el PP volvió a mostrar su frontal rechazo a la medida y acusó a PSOE y a IU de «mantener su corte versallesca a costa de perjudicar a trabajadores y jubilados».

La consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, dijo ayer que la mayoría de los empleados públicos «comprende» que se les haya pedido un «sacrificio» con el recorte salarial, dada la situación presupuestaria, aunque, según añadió, «lógicamente, a nadie le gusta que le bajen el salario».

«En un momento como el que estamos viviendo, hay que hacer esfuerzos por parte de todos», subrayó Migoya, para añadir que si bien a los empleados públicos se les ha «pedido un sacrificio», con una bajada salarial entre el 1,95 y el 7,31 por ciento, según la ley aprobada por la Junta el pasado viernes, «también el Gobierno de Asturias ha actuado en otras medidas de recorte del gasto y de incremento de los ingresos». Por su lado, fuentes de la dirección de IU, también el Gobierno, recordaron que la reducción de los salarios de los funcionarios resultó «inevitable, pues responde a una ley estatal de obligado cumplimiento». Ahora bien, los portavoces de la coalición destacaron que «en Asturias se pudo impedir que el recorte en las percepciones públicas fuera lineal, del cinco por ciento para todos, de forma que pierde menos el que menos cobra».

Los portavoces de la coalición que lidera Jesús Iglesias añadieron que su objetivo principal, que se ha cumplido, fue «modular en la medida de lo posible el recorte planteado por el Gobierno de Zapatero». Y pusieron este ejemplo: «A un funcionario mileurista se le descuentan veinte euros, y a uno que percibe 4.000 se le restan casi 300». Además, la coalición destaca que «Asturias está a la cabeza de España en materia de progresividad fiscal, al contrario de lo que propugna Rodríguez Zapatero», y que, además, gracias a su intervención «se ha impedido un recorte de más de 23 millones en políticas sociales».

Desde el PP, Alejandra Cuétara insistió en que las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Vicente Álvarez son «injustas» puesto que, a su juicio, «penalizan a los jubilados y los trabajadores, y no acaban con el despilfarro que aprecia en empresas públicas o en la televisión autonómica». La parlamentaria autonómica añadió que el Principado y su Gobierno «están hipnotizados por el lujo, siguen adelante con los chiringuitos, emplean a sus amigos y tratan de esconder una deuda desbocada». Cuétara también censuró a IU. «Tiene colgado en el pecho su precio: dos consejerías, y el PSOE permite que le chantajee», sentenció.