Los controladores aéreos militares cubrirán las bajas de los civiles

Madrid, Agencias
El ministro de Fomento, José Blanco, anunció ayer que el Gobierno habilitará controladores militares para cubrir las bajas de los controladores civiles en situaciones «excepcionales» y en momentos puntuales. «Tenemos la obligación de tomar medidas alternativas», afirmó el titular de Fomento. La medida anunciada no gustó al sector de los controladores aéreos. El portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Daniel Zamit, aseguró que los controladores militares carecen de «conocimientos prácticos» para ejercer estas labores de control, lo que podría afectar a la seguridad.

El ministro de Fomento, José Blanco, explicó que de acuerdo con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, este lunes se reunió con la ministra de Defensa, Carme Chacón, para proceder a la habilitación de controladores militares para que puedan «alternativamente» garantizar el tránsito aéreo en España. «Vamos a proceder ya a tener modus operandi alternativos porque la determinación es clara: tenemos que garantizar el tráfico aéreo», señaló José Blanco, quien insistió en que la habilitación de los controladores aéreos militares se llevará a cabo con el fin de que puedan complementar o desempeñar esa función en momentos «excepcionales».

El titular de la cartera de Fomento apuntó que los datos de ayer muestran que se siguen reiterando las bajas médicas de los controladores, aunque se están encadenando menos, y puso como ejemplo el centro de control de Barcelona, donde el lunes las bajas alcanzaban el 36 por ciento y ayer, el 32 por ciento. En todo caso, el Ministro recordó que la Seguridad Social ya está investigando este tema y dijo que las razones que están alegando los controladores para coger las bajas (estrés y ansiedad) no son compatibles con este trabajo. Además, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer que la fiscalía investigará las bajas de los controladores aéreos con el objetivo de «garantizar que los desplazamientos de los ciudadanos españoles no se vean afectados por los intereses de una minoría».