Madrid / Oviedo,
Agencias / P. G.
El gremio de los constructores y promotores asturianos, agrupados en torno a la asociación CAC-Asprocon, mostraron ayer su «honda preocupación» y «desaliento» ante la retirada de las ayudas estatales a la compra de vivienda protegida anunciadas por el Gobierno de Zapatero, que tildaron de «auténtico despropósito». Mientras, el Gobierno del Principado aseguró ayer que solicitará al Ejecutivo central que el recorte se «priorice dentro de los créditos disponibles» y «se acomode» a los planes de vivienda de cada comunidad autónoma.
De esta forma, y a través de Ana Rosa Migoya, portavoz del Gobierno regional, se matizaban las palabras de la consejera de Vivienda (IU), Noemí Martín, que exigió al Ministerio «un cambio de rumbo» y que calificó el ajuste de «muy negativo». El «tijeretazo» a las ayudas estatales a la compra de vivienda de protección oficial anunciado por la ministra Beatriz Corredor supondrá la retirada de 140 millones de euros en ayudas, de los que 5 corresponden a Asturias.
Los constructores del Principado acusan al Gobierno central de haber diseñado el plan de vivienda 2009-2012 «con un fallo fundamental en su base que es la financiación», y advierten de que el recorte pondrá en algunos casos «en peligro la viabilidad de las empresas promotoras». La patronal se muestra convencida de que esta decisión demuestra «el nulo apoyo» al sector por parte del Ejecutivo central, cuando la vivienda protegida está siendo una «de las pocas actividades que hasta ahora estaba dando síntomas de recuperación notable». Para la CAC-Asprocon, este tipo de decisiones demuestra que «el Estado en vez de generar inversiones las está truncando y sigue sin aplicar ningún recorte sobre el gasto corriente».
Los constructores asturianos acusan al Gobierno de Zapatero de no realizar la promesa de «dar cumplimiento al derecho constitucional a partir del cual los poderes públicos deben facilitar el acceso a una vivienda». Así, desde CAC-Asprocon se rememoró cómo el Ejecutivo socialista hizo «del propio Ministerio de la Vivienda un abanderado de las políticas sociales, precisamente para favorecer el acceso a una vivienda en determinados colectivos de población».
Los constructores creen que «en poco tiempo el Gobierno olvida los compromisos adquiridos e incumple un derecho constitucional», ya que entienden que los recortes, de hacerse efectivos, limitarán «claramente el acceso a la vivienda» de determinados sectores». Un punto en el que la patronal coincide con los sindicatos. Y es que desde UGT se asegura que, según un comunicado del sindicato a nivel estatal, la decisión del Gobierno «aleja a los ciudadanos de su derecho constitucional a una vivienda digna».