Oviedo, Raquel L. MURIAS

Los pescadores asturianos quieren que el Principado cree un nuevo impuesto, el impuesto ecológico o «canon de sostenibilidad», que serviría para financiar un servicio de guardería privada en los cotos de pesca y en los ríos y evitar así la presencia de los pescadores furtivos. Los aficionados defienden esta fórmula como la única capaz de acabar con la pesca furtiva en los ríos asturianos y, además, aseguran que ese impuesto sólo lo pagarían ellos a través de un gravamen que se aplicaría a las licencias.

Según los pescadores, los furtivos pueden llegar a capturar hasta el 75 por ciento de los salmones y de las truchas que han quedado vivos en los ríos una vez finalizada la temporada de pesca, y es necesario reforzar el sistema actual de vigilancia fluvial. Las asociaciones quieren que se creen guarderías privadas, un sistema similar al que funciona en la caza.

Para defender esta propuesta, los pescadores ya entregaron a la Consejería un estudio según el cual, tal y como explica el presidente de la Sociedad Mestas del Narcea, Celestino Pérez, «se demostraba que era una iniciativa asumible». Los pescadores siguen esperando la respuesta de la Consejería de Medio Ambiente que, según ellos, «se está alargando demasiado, con lo que damos por hecho que es un "no"». El modelo para gestionar este impuesto sería, según explican las asociaciones, a través de una fundación que puede estar presidida y gestionada por la propia Administración. El Principado tramita cada año en torno a 7.000 licencias de salmón y 12.000 de trucha. «Con poco que se gravase se podría hacer un gran beneficio al río», explica el presidente de Mestas del Narcea, la sociedad que se encargó de desarrollar el estudio de viabilidad de este «canon fluvial».

Además de crear una guardería específica para cada río, que pagarían a través de este tributo las sociedades de pesca, los pescadores explican que también se invertiría parte de lo recaudado en hacer mejoras en los cauces fluviales, arreglos que suelen quedar pendientes por la falta de financiación de la Administración del Principado. Estas mejoras son acondicionamientos de frezaderos y limpieza de cauces, principalmente. Las sociedades de caza financian con fondos propios las guarderías de caza, que son las encargadas, entre otras cosas, de valorar los daños que los animales cinegéticos causan en la cabaña ganadera o en el campo.

La última normativa aprobada para la campaña de pesca que quedó cerrada el pasado sábado, día 31, sembró la polémica entre las sociedades de pescadores, que, aunque en su mayoría acataron las restricciones en la pesca (se aplicó por primera vez la pesca sin muerte y se redujo el cupo de salmones por pescador a tres ejemplares), exigen a la Consejería que cumpla su parte del trato y satisfaga las peticiones de los aficionados a la pesca, la más urgente, según ellos, terminar con la pesca furtiva.

En esto coinciden todas las sociedades representadas en el Consejo, incluso Fuentes del Narcea, que no rubrica parte de las peticiones del resto de sociedades, como la de evitar que entren en el Consejo de Pesca aquellas sociedades que no dispongan de un centro de alevinaje. El presidente de Fuentes del Narcea, Román Herrero, ha denunciado en varias ocasiones la presencia de pescadores furtivos en el Narcea. Los pescadores hacen un llamamiento a los hosteleros y a los particulares para que no compren estos peces a «quienes están robando las especies en el río y acabando con lo poco que queda en nuestras riberas», asegura Celestino Pérez.