Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
La Sindicatura de Cuentas pone en entredicho, en varios informes, la transparencia y objetividad de los procesos de contratación de la Administración autonómica. Algunas de las advertencias críticas más claras figuran en un análisis, publicado este mismo año, sobre los contratos realizados en 2007 por la Dirección General de Carreteras. En el epígrafe dedicado al fraccionamiento de los contratos menores privados, el síndico mayor, Avelino Viejo Fernández, asegura que se «vulneran» los principios que han de regir una contratación pública, que, según afirma, tiene que realizarse «conforme a los principios de publicidad y transparencia en las licitaciones y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores». El síndico detecta «la perpetuación de una misma empresa» en la prestación de determinados servicios y alerta de que, entre otras cosas, «supone la pérdida de la oportunidad de obtener mejores ofertas económicas».
En este mismo informe, que ha sido remitido al Tribunal de Cuentas, como todos los que elabora la Sindicatura asturiana, también hay críticas a la forma de adjudicación de contratos mediante el sistema de negociado sin publicidad por parte de la Dirección General de Carreteras. A este respecto, Viejo señala que, «en la mayor parte de los expedientes analizados», los criterios de adjudicación «carecen de objetividad o responden a una valoración que fue fijada una vez abiertas las ofertas de los licitadores, haciéndolos depender de juicios de valor de los técnicos informantes». Se trata de opiniones personales tales como «bueno», «aceptable», «regular», «deficiente» o «erróneo», según desvela el informe.
Por si esto fuera poco, el Síndico Mayor añade que «en algunos pliegos se han utilizado fórmulas matemáticas que distorsionan o eliminan la objetividad y proporcionalidad, por lo que no se han podido garantizar los principios de competitividad, transparencia, publicidad y objetividad de la contratación administrativa».
Los procedimientos de adjudicación de contratos por parte de la Administración autonómica han sido puestos en tela de juicio públicamente por colectivos y sindicatos de funcionarios, y hasta por un letrado del servicio jurídico del Principado. Todos ellos critican que las mesas de contratación están integradas casi en su integridad por personal de confianza, puestas a dedo, del consejero de turno. Y es que, a su juicio, tal dependencia política dispara el riesgo de que las adjudicaciones sean dirigidas y no respondan a criterios de objetividad, tal y como advierte Viejo en algunas de las contrataciones realizadas por la Dirección de Carreteras.
Especialistas en Derecho Administrativo consideran que estos procesos de contratación deberían de ser controlados directamente por los órganos judiciales y no por tribunales administrativos dependientes del licitador.
IMPRIMIR PÁGINA »
