Gijón, M. CASTRO
La impunidad y las limitaciones de los mecanismos de control están detrás del elevado número de casos de corrupción registrados en España con respecto a otros países europeos. Así lo expusieron ayer los expertos que participaron en la primera sesión de las jornadas de debate sobre las administraciones públicas, que organiza en Gijón la Fundación Progreso y Democracia y celebradas en la Universidad Laboral.
Más allá de los factores culturales que propician la corrupción, como la tolerancia social que permite que cargos políticos imputados por hechos graves sigan ganando elecciones, el factor que diferencia a España de otros países europeos es «el funcionamiento defectuoso de los mecanismos de control que limiten el poder discrecional de quienes toman decisiones políticas» y que son los susceptibles de corromperse, señaló el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, Fernando Jiménez Sánchez.
El magistrado de uno de los Juzgados de lo contencioso de Oviedo, José Ramón Chaves García, lo explicó a su manera: «Hay muchas cañas pescando los tiburones de la corrupción». Mientras que el auditor y síndico de cuentas del Principado de Asturias, Antonio Arias Rodríguez, explicaba algunas de las limitaciones fiscalizadoras de los tribunales de cuentas, que «fiscalizan lo que está en la contabilidad, lo que está documentado; todo lo que va por fuera, obviamente, no se puede fiscalizar, si anda por maletines o en las Islas Caimán, obviamente no lo sabe el tribunal».
Hacer la «vista gorda», facilitar información privilegiada, hacer la campaña electoral con medios públicos, el «turismo institucional de prosélitos», el nepotismo, clientelismos, financiación de partidos políticos, tráfico de influencias hasta ilegalidades urbanísticas o en la contratación, forman parte del repertorio de las corruptelas de los poderes públicos, difícilmente atajables en España en la mayoría de los casos.
Una de las claves está en la legislación que regula a las administraciones públicas, que les concede un alto grado de discrecionalidad en sus decisiones. Un paso más allá es la creación de empresas, fundaciones o patronatos públicos que no se rigen por el derecho administrativo. La impunidad viene dada en muchas ocasiones por la dificultad de demostrar la «desviación de poder», que se da cuando se usa el poder público para fines espurios y que «no deja huellas, porque se mueve en el ámbito interno», apuntó Chaves.
El magistrado abogó por tres medidas para frenar la corrupción, como la persecución de los altos cargos que no justifiquen sus incrementos de patrimonio al cesar, admitir las denuncias anónimas y fortalecer la vía judicial penal ante la inoperancia de la administrativa. Arias, por su parte, recalcó la necesidad de evitar la opacidad y que los órganos de fiscalización sean externos, y también apuntó la necesidad de abrir el debate sobre la regulación del uso de bienes públicos por los cargos electos.
Fernando Jiménez apuntó, por su parte, la necesidad de acabar con la financiación irregular de los partidos políticos, reducir la sensación que tiene la ciudadanía de impunidad de los corruptos y mejorar la legislación y los gobiernos locales.
