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Blanco estalla ante los reproches por la falta de plazos para la Transcantábrica

El ministro de Fomento y un consejero de la Xunta se enzarzan en una dura discusión sobre la autovía durante la inauguración de un tramo

 18:08  
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José Blanco con Agustín Hernández, a la derecha, antes de la inauguración de los tramos de la Autovía del Cantábrico, ayer, en Lugo.
José Blanco con Agustín Hernández, a la derecha, antes de la inauguración de los tramos de la Autovía del Cantábrico, ayer, en Lugo.  
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Oviedo
Lugo / Oviedo,

X. A. TABOADA / P. GONZÁLEZ

La Autovía del Cantábrico o Transcantábrica se ha convertido en auténtico problema para el ministro de Fomento, José Blanco. Los recortes en el presupuesto que gestiona el «número dos» del socialismo español han descompuesto todas las previsiones para la Autovía Transcantábrica, y las críticas con las que ha venido acompañada esta parte del tijeretazo del Gobierno de Zapatero han acabado con la paciencia del ministro de Fomento.

Y es que Blanco estalló ayer en lo que suponía que debía ser un día feliz para su departamento y para él, ya que debía inaugurar dos tramos (Abadín-Castromaior-Touzas) de la Autovía del Cantábrico (A-8) en Lugo, su tierra natal. Pero la fiesta sabatina acabó en un cruce de reproches entre Agustín Hernández, consejero de Infraestructuras del Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo (PP), y Blanco, a costa de los retrasos que las obras de la autovía acumulan en Galicia.

El consejero de la Xunta de Galicia echó en cara al Ministro en su discurso que «no se acaban de fijar con suficientes garantías los plazos para que las obras que faltan sean una realidad». Algo que con palabras muy similares se escucha en Asturias respecto a los tramos regionales. «No es normal que obras adjudicadas en 2007 no tengan fecha de finalización», añadió el alto cargo del Ejecutivo gallego. Blanco contraatacó asegurando que es de «mal gusto» acudir como invitado, en referencia al Consejero, ya que la obra corre a cargo de la caja de Fomento, a un acto como el de ayer «y utilizar el atril para no hablar de su responsabilidad y para hablar de las cosas que hacen los demás». Curiosamente, partidos y sindicatos asturianos coincidieron esta semana con el Ministro en calificar de «mal gusto» la intervención de Víctor Morlán, mano derecha de Blanco como secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, en el Congreso en la que evitó dar fechas sobre la conclusión de los tramos de la Autovía del Cantábrico escudándose en la posibilidad de una mejora de la economía.

Blanco continuó con su defensa de la actuación de Fomento respecto a las obras de la Autovía del Cantábrico espetando: «Se abren dos nuevos tramos, pero al Consejero le parece poco». En su estrategia de contragolpe, Blanco sacó a relucir la historia de la autovía en los tiempos del Gobierno de José María Aznar. «Esto es una realidad, no son promesas que se las lleva el viento ni planes que se concretan en nada», aseveró, para añadir: «El Gobierno de Aznar lo único que hizo en Lugo fue poner una piedra, y para eso tuvo que alquilar un terreno en Abadín. Si hubiese hecho algo más, esta autovía habría estado acabada hace ya algún tiempo».

Ante el cariz que tomó el cruce de acusaciones, Blanco exigió a la Xunta de Galicia «lealtad, responsabilidad y rigor». El Ministro acabó patrimonializando lo hecho por uno y otro gobiernos por Galicia. «Tú», dirigiéndose al Consejero, «has anunciado un recorte del treinta por ciento de las inversiones y yo he licitado un presupuesto para el año que viene en Galicia que es del 2,4 por ciento del PIB». Y el responsable de Fomento prosiguió personalizando la apuesta de Fomento con inversiones públicas por la comunidad vecina. «Yo voy a invertir el próximo año en Galicia cinco veces más que la Consejería que tú presides», aseveró Blanco esgrimiendo las cifras de inversión en carreteras. El Ministro acabó exigiendo al consejero de Infraestructuras fechas de conclusión de las obras de carreteras que dependen directamente del Gobierno de la Xunta. Tras el altercado, fuentes de la Xunta aseguraron que Hernández utilizó un tono «elegante, institucional y correcto».

La Consejería de Bienestar Social realizó entre enero y octubre de este año 514 inspecciones en centros de atención a personas mayores y con discapacidad: 106 en públicos, 332 en privados y 76 en los gestionados sin ánimo de lucro. En total, un 13,4 por ciento más que el año anterior, según declaró ayer en rueda de prensa el viceconsejero Ángel González.

La mayoría de las inspecciones, un total de 351, fueron de oficio; 74 previas a la autorización o modificación de la licencia de apertura, 65 de comprobación y 24 para resolver las 23 denuncias de usuarios recibidas. Los principales motivos de denuncia son la mala atención, la falta de personal y las incidencias en la facturación de los servicios prestados.

Bienestar abrió 26 expedientes sancionadores, decretándose el cierre como medida cautelar en diez casos y produciéndose el cierre voluntario en cuatro. Los principales motivos de los expedientes sancionadores continúan siendo, al igual que el año anterior, «la sobreocupación o hacinamiento, el incumplimiento de condiciones materiales y organizativo-funcionales y el carecer de autorización».

También se atendieron 264 consultas sobre trámites y cumplimiento de requisitos para la creación, adaptación y modificación de centros de servicios sociales. Se autorizó la puesta en funcionamiento de 917 nuevas plazas de atención a personas mayores (815) y a personas con discapacidad (102). Están en obras otras 527, de las que 450 son para mayores y 71 para discapacitados.

Por otra parte, y en lo que respecta al proceso de acreditación de centros privados, Ángel González afirmó que se han resuelto favorablemente 132 solicitudes que suman 7.703 plazas, y otras 1.405 plazas están en proceso de adaptación. Las solicitudes denegadas por no cumplir con los requisitos suman 1.301 plazas.

En este momento, el servicio de inspección y calidad está resolviendo otras 16 solicitudes, que suman un total de 859 plazas. La acreditación no es obligatoria para tener actividad, solamente para prestar servicios que lleven vinculadas ayudas públicas.

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