El Sespa tiene pendiente desde febrero el nombramiento de ochenta auxiliares

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) tiene pendiente desde febrero el nombramiento de ochenta auxiliares administrativos que superaron un proceso selectivo por promoción interna con cargo a la oferta pública de empleo de 2006. Este colectivo ha mostrado su «indignación por la inactividad de la Administración». Los afectados exigen al Gobierno regional el cumplimiento del ordenamiento jurídico que los obliga a resolver el procedimiento y apelan «a los principios de eficacia y coordinación que promulga la ley».

Según explican los afectados en un comunicado, el proceso de selección se inició con la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) del 19 de febrero de 2008. Una vez realizadas las correspondientes pruebas selectivas para la provisión de plazas (selección y concurso), el tribunal calificador elevó el 15 de febrero de 2010 a la gerencia del Sespa la propuesta para el nombramiento de los aspirantes.

Los auxiliares administrativos consideran que son tres los órganos implicados en la resolución del procedimiento: el Sespa, como órgano obligado a impulsar el procedimiento, la Dirección General de Función Pública y la Dirección General de Presupuestos, por ser «responsables de autorizar el expediente que es preciso realizar para hacer efectivo el acto de toma de posesión de los interesados». Aun así, el director general de Función Pública, Daniel Álvarez, se desmarcó ayer del proceso, explicando que «no tiene nada que ver» con el departamento del que es titular.

Por su parte, el diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado, Carlos Galcerán, se pronunció ayer sobre este asunto afirmando que «resulta impresentable que el Gobierno, amparándose curiosamente en "la modernización y la mejora de la Administración pública", haya aprobado una oferta pública de empleo (OPE), convocando unas pruebas selectivas, que hayan concluido las calificaciones y haya sido elevada a la Dirección Gerencia del Sespa la propuesta para el nombramiento y, sin embargo, transcurridos nueve meses, los aspirantes seleccionados no han sido nombrados».

Según Galcerán, el supuesto conflicto entre la Consejería de Administraciones Públicas y la Consejería de Salud «llega a tal punto que los propios responsables del Sespa reconocen la imposibilidad de realizar una adecuada gestión de los recursos humanos por las limitaciones competenciales impuestas y por la necesidad de emplear gran parte de su tiempo en consensuar, con la Dirección General de la Función Pública, la idoneidad de las decisiones sobre personal».

Esta situación se suma a la que sufren 44 médicos funcionarios que ya hace un año y medio que deberían haber tomado posesión de las plazas obtenidas mediante una oposición, pese a lo cual continúan esperando. Los portavoces de este colectivo de facultativos subrayan que sus plazas corresponden a la OPE para médicos de familia correspondiente a 2006. «Estuvimos dos años esperando la convocatoria, un año de exámenes y ahora sufrimos un largo silencio», subrayan. La mitad de los afectados ha optado por llevar al Sespa a los tribunales.