Villabona (Llanera),

L. Á. VEGA

Los módulos terapéuticos de Villabona comenzaron su andadura hace 19 años, con unos 90 presos. La iniciativa, que pretendía superar la subcultura carcelaria y hacer cumplir el precepto de que las penas de prisión deben estar dirigidas a la rehabilitación de los delincuentes, era un oasis en medio del universo penitenciario español. Hoy en día son medio millar los internos recluidos en los dos módulos, pero Villabona ya no está tan sola, porque la experiencia se ha replicado en otras ocho cárceles. El motivo es que los módulos funcionan. El de Villabona ha logrado reducir al 26 por ciento una reincidencia que en la Unión Europea se sitúa en el 65 por ciento, según indicó el coordinador de los módulos, Faustino García Zapico, en la primera jornada de los «Encuentros con la sociedad», que suma ya 18 ediciones.

La consejera de Bienestar, Noemí Martín, inauguró unas jornadas que, desde el principio, han intentado «acercar la sociedad a la prisión y viceversa». Martín indicó que los módulos son un espacio de «expectativa de futuro», que se han convertido en «un referente, un ejemplo que se está extendiendo».

Las jornadas se iniciaron ayer a lo grande, con una mesa redonda en la que se sentaron la juez de vigilancia penitenciaria Elvira Gutiérrez y el fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, junto al profesor de Derecho Penal y magistrado suplente de la Audiencia Javier Gustavo Fernández Teruelo y el abogado penalista Luis Tuero.

Los cuatro analizaron un asunto que mantuvo en vilo a los reclusos congregados en la unidad terapéutica y educativa (UTE) 1, la reforma del Código Penal que entra en vigor el próximo 23 de diciembre. Perals indicó que en materia de tráfico de drogas «hay una rebaja de las penas privativas de libertad».

El cambio más significativo es el que permite a los jueces rebajar de tres años a un año y medio la condena para delitos no graves. «Se abre la puerta para que las personas condenadas por primera vez puedan acogerse a esa rebaja y no entrar en la cárcel», indicó Perals. También se rebajan de nueve a seis años las penas para casos de notoria importancia. Con esta reforma, opinó Perals, «se acomodan las penas a la realidad y se da más facilidades a la reinserción. La fiscalía siempre tendrá en cuenta el que se esté intentando dejar la droga».

El profesor Fernández Teruelo llamó la atención sobre el hecho de que pese a que las cifras de delincuencia descienden cada vez más, «la percepción del delito por parte de los ciudadanos es cada vez más dura». También incidió sobre algunas notas preocupantes, como «el redescubrimiento de la pena de prisión y la negativa a la resocialización» y la «falta de confianza en el poder coercitivo del Estado».

El abogado Luis Tuero se mostró muy crítico. «Los medios de comunicación hacen que la sociedad se sienta más insegura y que el legislador sea más duro», indicó. Por eso, la evolución es «absolutamente negativa», con 14.000 presos más que en 2004 y una tasa de 164 presos por cada 100.000 habitantes, la más alta de Europa. Para Tuero, se ha endurecido el tratamiento penal y el acceso al tercer grado. «Un consumidor-traficante no es un narcotraficante. El reproche penal es desproporcionado», sentenció.