Oviedo
En la España de 1981, la de la Transición democrática amenazada por la crisis, la escalada terrorista y el atronador «ruido de sables» en los cuarteles, una tentativa de golpe de Estado fue urdida y ejecutada desde dentro del sistema para reconducir su camino extraviado y poner a salvo a la Monarquía. Eso fue el 23-F, del que se cumplirán tres décadas el próximo febrero, a la luz de la teoría que abraza el periodista y escritor Jesús Palacios en su libro «23-F, el rey y su secreto» (Libros Libres), que se pone a la venta mañana: una operación especial «en torno al rey».
El episodio más controvertido de la historia reciente de España habría sido, según esta tesis, una maniobra exclusivamente política para reconducir un país amenazado a través de un gabinete de concentración presidido por un general. Es decir, la «operación De Gaulle», en castizo «Solución Armada», habría eclipsado todas las otras «operaciones en marcha», al menos tres, que los servicios secretos españoles identificaron en un documento fechado en noviembre de 1980. «Ni hubo conspiración militar ni rebeliones de capitanías generales ni de generales ni varios golpes simultáneos», sostiene Palacios.
El autor de «23-F: el golpe del Cesid» (2001), sitúa al frente del plan a dos oficiales del servicio secreto -el capitán José María Peñaranda y el comandante José Faura-, que habrían contado con el consentimiento del general José María Bourgon, primer director del espionaje, para imitar en España el proceso que llevó al general Charles de Gaulle a la Presidencia de la V República francesa. Allí, en 1958, el militar se presentó a la Asamblea como el salvador de la patria en medio de la ingobernabilidad creada por la guerra de Argelia. Aquí, como la gravedad de la situación española no era equiparable, se hacía necesario el diseño de un supuesto anticonstitucional máximo (SAM) que diese pie a la articulación de un Gobierno de concentración presidido por un militar. Eso habría sido el secuestro del Congreso por las tropas que mandaba Antonio Tejero durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, eso también, los tanques ocupando Valencia por orden del capitán general Milans del Bosch o la División Acorazada Brunete desplegada en lugares estratégicos de Madrid. El De Gaulle español era Alfonso Armada, ex secretario general de la Casa del Rey al que don Juan Carlos nombró segundo jefe del Estado Mayor del Ejército poco antes del 23-F -según algunas fuentes en contra del criterio de Adolfo Suárez- y al que el Cesid, siempre según Palacios, hizo una eficaz campaña de imagen delante de sus compañeros de milicia, partidos políticos e instituciones del Estado.
La tarde-noche de autos, con el Congreso ocupado, el «celo personal» del asturiano Sabino Fernández Campo evitó que Armada, uno de sus predecesores en la Casa del Rey, se desplazase a la Zarzuela. Y lo hizo, asegura Palacios, en contra de las opiniones de todos los que rodeaban al monarca esa noche, desde la reina al jefe de la Casa, Nicolás Mondéjar. Sobre el grado de conocimiento o implicación del rey, Palacios asegura que don Juan Carlos repitió en 1980 varias veces la frase: «¡A mí dádmelo hecho!».
Pero la tesis de Palacios reduce el papel de Fernández Campo. El general asturiano no habría desactivado el golpe. Armada no entró esa noche en la Zarzuela, pero no sería eso lo que detuvo la «operación De Gaulle» a la española. Fue Tejero. Armada no entró en la Zarzuela, pero sí en el Congreso con la intención de ser la autoridad -«militar, por supuesto»- cuya presencia había anunciado Tejero a los diputados. El general debía ofrecerse como presidente de un gabinete de coalición cuya composición, según el libro, había sido consensuada con todos los grupos políticos. Sin embargo, el rudo teniente coronel de la Guardia Civil, vinculado a la ultraderecha y procesado años antes por otro intento de secuestro del Gobierno, la «operación Galaxia», no había llegado hasta allí, le dijo a Armada, para consentir que todo terminase con un Gobierno de socialistas y comunistas. Porque en aquel gabinete Felipe González sería vicepresidente para asuntos políticos y, entre otros, figuraban también los comunistas Jordi Solé Tura y Ramón Tamames. Tejero no tragó y don Juan Carlos «dio inmediatamente vía libre a Sabino para que TVE emitiera el mensaje real y, seguidamente, procediera a abortar la operación».
Ahí entraría la condición de «chivo expiatorio» poco informado que se ha atribuido a Tejero y que él abonó en las sesiones del juicio con una respuesta al fiscal, que le preguntaba si al conocer los nombres de aquel Gobierno de concentración se había sentido utilizado: «Mi general, lo que yo quisiera es que alguien me explicara el 23-F».
