Oviedo, J. A. ARDURA
La portavoz del Gobierno regional y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, defendió la reforma de la ley de Función Pública elaborada por su departamento y aseguró que será incluso «más restrictiva» ya que supondrá la reducción de 150 puestos de libre designación, según revelaron los responsables de Función Pública a los sindicatos mayoritarios en la Mesa General celebrada ayer. Migoya afirmó que la nueva ley dará cobertura legal a lo que ha sido el comportamiento habitual «de todos los gobiernos» de la región desde 1985 para nombrar a «jefes de servicio, coordinadores, conductores y secretarios de despacho de altos cargos por el procedimiento de libre designación».
El nuevo texto legal fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y Migoya avanzó que el objetivo del Ejecutivo es que «esta ley se tramite por la vía de urgencia», una pretensión que el sindicato Usipa calificó ayer de «muy llamativa ya que han tenido toda la legislatura para sacarla adelante y la cuelan de rondón con los presupuestos, con la complicidad de sus socios de IU, que ya les hicieron el juego con los recortes salariales a los funcionarios».
La reforma, según la portavoz del Ejecutivo, «no es una novedad sino que se regulan los sistemas de provisión que ya vienen funcionando en esta comunidad desde el año 1985 y lo que se trata con esta norma es ser más preciso, más concreto desde el punto de vista jurídico y dotar de esa estabilidad y seguridad jurídica la adaptación al Estatuto Básico del Empleado Público». Ana Rosa Migoya explicó al detalle por qué esta reforma, criticada por los sindicatos y puesta en tela de juicio por los juristas, permitirá reducir en 150 el número de puestos de libres designación en el Principado. «Se reducen porque en el colectivo de coordinadores y asesores sólo serán, según la nueva norma, de libre designación los que dependan directamente de altos cargos del Gobierno. Es decir, que se va a reducir en un 86% el número de coordinadores y asesores que son de libre designación respecto a los que hoy están en esa situación», detalló la portavoz del Gobierno asturiano.
Los sindicatos mayoritarios, presentes en la Mesa General de la Función Pública, decidieron abstenerse porque se admitió alguna de las reclamaciones que venían planteando en los últimos tiempos. No obstante, tanto Soledad García (UGT) como José Antonio Fernández Morán (CC OO) reiteraron sus críticas al texto sobre la libre designación. «Tiene trampa porque en uno de los apartados se justifica la libre designación para cualquier empleo que considere de especial confianza. Eso abre la puerta al Gobierno para nombrar a dedo todos los funcionarios que desee mediante una simple modificación de la relación de puestos de trabajo», indicó el representante de Comisiones Obreras.
Ana Rosa Migoya garantizó ayer que Asturias no es una excepción en esta cuestión en el conjunto de España. «La inmensa mayoría de autonomías ha regulado este aspecto con los mismos criterios que hoy estamos aplicando aquí. Y lo han hecho mediante leyes o decretos-leyes». La portavoz del Gobierno precisó que la Comunidad de Valencia «además de establecer la libre designación en todos los colectivos que regula la norma del Principado, hay algunos casos en los que incluso van más allá».
La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, manifestó que el Gobierno del Principado respetará las sentencias firmes sobre la provisión de puestos de libre designación pero matizó que «a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, todos los procedimientos que se desarrollen desde esa fecha serán conforme a la norma vigente».
