Fondos mineros, dudas de fondo

Eluden la palabra fracaso, al menos en sus intervenciones públicas, pero los líderes del sindicalismo minero no esconden su insatisfacción por el resultado de las políticas de reactivación de las Cuencas, en las que se incluyen los cientos de millones de euros de los fondos mineros, muchos de ellos paralizados. Tras treinta años de reconversión, y cuando el segundo plan sectorial entra ya en su recta final, José Ángel Fernández Villa, secretario general del SOMA-FIA-UGT, reconoció ayer en Oviedo que aún no se han cumplido los objetivos marcados. Éstos, según precisó, pasan por asegurar la estabilidad del sector, sobre el que pende la amenaza de cierre por las exigencias de la Unión Europea (UE), y por propiciar un cambio radical de la estructura económica de las comarcas mineras, que, en la actualidad, el veterano sindicalista no duda en calificar de «insuficiente». Y todo ello cuando, según los cálculos que maneja el SOMA-FIA-UGT, y que Fernández Villa confirmó ayer, hay 903 millones de euros de fondos mineros inmovilizados, y no la veintena de la que habló el jueves en la Junta el consejero de Industria, Graciano Torre, quien, también ayer, reiteró que la cifra global pendiente es mucho más reducida de lo que dicen los sindicatos y el Partido Popular.

El diagnóstico de Fernández Villa, especialmente preocupado por los altos índices de desempleo en las Cuencas, es compartido, en líneas generales, por el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras (CC OO), Maximino García. A su juicio, el plan del carbón «no está cumpliendo los objetivos marcados», por cuanto, según indica, «ni ha conseguido frenar la sangría demográfica de las comarcas mineras ni tampoco ha logrado compensar la pérdida de empleos ligados al carbón». El líder sindical argumentó con varias cifras la exigencia de un golpe de timón en el reparto de las ayudas de reactivación: el padrón de habitantes de las Cuencas se ha reducido en 27.000 personas en las últimas décadas, hay cinco mil parados más que en 2001 y de cada cien puestos de trabajo que se pierden únicamente se están generando 56. Sobre esta base, García aboga por un mayor respaldo a la pequeña y mediana empresa, en la que, indicó, «se concentra el 95 por ciento del empleo». «La Administración insiste en financiar grandes proyectos que, al final, no tienen continuidad, cuando resulta más rentable centrarse en pequeñas empresas que consolidan el empleo», señaló el dirigente asturiano de CC OO, justo antes de sentenciar: «No podemos seguir así».

La preocupación que reina entre los sindicatos también se extiende al frente municipal. El alcalde de Aller, el socialista Gabriel Pérez Villalta, que preside la Asociación Comarcas Mineras (Acom-España), reconoce que los regidores de los territorios carboneros también tienen un «alto grado de cabreo». Ayer, antes de entrar a una reunión de la Mesa Regional de la Minería, aseguró que los concejos todavía no han recibido del Instituto para la Reactivación de las Comarcas Mineras, dependiente del Ministerio de Industria, la ayuda inicial del 25 por ciento para las obras adjudicadas a comienzos de año, con el problema añadido de que numerosos municipios no disponen de dinero para adelantar los pagos a las empresas. Tras calificar la situación de «muy grave», Gabriel Pérez Villalta la achacó tanto al Gobierno central como al autonómico, emplazando a ambas administraciones a hacer las cosas «de otra manera».

Las quejas de Villalta recibieron inmediata contestación por parte de Graciano Torre, empeñado en relativizar los retrasos en la ejecución de los fondos. El consejero de Industria afirmó que el Principado ha adelantado ya a los ayuntamientos 66 millones de euros para poder hacer frente a sus obligaciones y que esa cifra todavía no ha sido justificada por las administraciones municipales implicadas.

Tanto los sindicatos como los alcaldes insisten en la necesidad de acabar con los enormes retrasos que, a su juicio y contra el parecer del Principado, se están registrando en la ejecución de obras de fondos mineros que tienen dinero adjudicado y que, sin embargo, no acaban de arrancar. Fernández Villa y Maximino García apuntan que «la prueba del nueve» de estas demoras es que ayer, ya a finales de noviembre, se celebró una reunión de la Mesa de la Minería para analizar los proyectos a sufragar con cargo a los fondos de este ejercicio. Según sus cálculos, en el mejor de los casos, las obras no estarán en disposición de arrancar hasta 2012, con un retraso inicial de dos años.

Fernández Villa alerta de que su sindicato lleva preocupado desde 2006 por las demoras que aprecia en actuaciones «que cuentan con inversiones asignadas, con proyectos elaborados y que sólo están pendientes de la ejecución». Y entre las iniciativas «paralizadas» citó «la creación de la Fundación de la Energía, los Recursos Naturales, la Tierra y el Agua, que pertenece al plan que expiró en 2005, así como el Soft Computing, los planes de vivienda joven y de jubilación activa, los terrenos industriales de Hunosa o un buen número de obras que siguen sin ejecutar». A este respecto, el líder sindical cifró en más de 200 millones los fondos que permanecen sin ejecutar del Plan de la Minería 1998-2005, y en unos 700 millones las partidas de 2006 a 2010. A juicio de Fernández Villa, «se trata de un volumen de inversión nada despreciable para unos territorios que están sufriendo una doble crisis -la global y la propia de la minería- y que no justifican que haya conformismo alguno».