Oviedo, J. E. M.

«Estamos moderadamente satisfechos». Esa es la sensación que ha dejado en IU, según palabras de su coordinador en Asturias, Jesús Iglesias, el acuerdo presupuestario con el PSOE. El líder de la coalición, que compareció ante los medios de comunicación para explicar el pacto contable, también defendió la operación diseñada para que el Principado ingrese 102 millones de euros mediante la venta de inmuebles a la sociedad pública Viviendas del Principado (Vipasa), un mecanismo financiero que permite a la Administración regional obtener recursos por la puerta de atrás sin incumplir los límites de deuda que fija el Estado. Iglesias llegó a decir incluso que si se tratara del ámbito privado podría decirse que «Vipasa ha dado un "pelotazo"» porque, según estimó, las propiedades que adquiere «costarían en el mercado unos 240 millones».

Iglesias vinculó la compra a un esfuerzo de Vipasa para contribuir al mantenimiento de la inversión pública en 2011. IU sacó pecho con las cifras presupuestarias logradas. Su líder recordó que frente a una previsión inicial de recorte de 500 millones de euros, finalmente el ajuste ha sido inferior a 300 millones para el próximo año. Y subrayó el carácter social de los presupuestos. IU destaca que casi siete de cada diez euros del presupuesto van destinados a gastos sociales, sanidad y educación. «Asturias es, tras las comunidades forales, la autonomía que más esfuerzo hace en gasto social», añadió. Puso un ejemplo: «El año que viene habrá 22.000 asturianos que se beneficien de la ley de Dependencia». A este añadió el mantenimiento del salario social, las ayudas a vivienda, las escuelas para bebés y el plan autonómico de empleo. El coordinador de IU en Asturias hizo referencia a las nuevas medidas fiscales introducidas en el presupuesto a propuesta de la coalición. Así, apuntó que gracias a la ecotasa que gravará la utilización de los montes públicos por parte de las empresas eléctricas y de telefonía y otras iniciativas fiscales se podrá mantener el nivel de inversión por encima de los mil millones.

Esta cifra se logra, según explicó Iglesias, acudiendo al máximo de endeudamiento , «algo que Asturias puede hacer porque es la segunda comunidad autónoma menos endeudada del Estado y porque los ingresos corrientes siguen estando por encima del gasto corriente». También a este punto contribuye la operación de Vipasa.

«Es una operación real y no de ingeniería financiera», subrayó. Con esta operación, Vipasa incrementará su patrimonio y «compensará al Principado por esa compra con los 102 millones», por lo que pasará de ser gestora de viviendas públicas a ser también propietaria. IU mantiene que la operación «no supone ningún riesgo para Vipasa», que tendrá que endeudarse para afrontar el pago de los inmuebles, pero que «cuenta con el aval del Principado y con recursos suficientes para afrontar la amortización». IU espera vender algunas de las viviendas a los actuales inquilinos aunque no espera hacer muchas transacciones. «De todas formas, en ningún caso se perderá patrimonio porque Vipasa está construyendo otras 1.400 viviendas para alquilar». Iglesias subraya que la venta no cambiará la titularidad pública de las viviendas. «Otras comunidades como Madrid han vendido viviendas sociales a grandes promotoras y especuladores», aseguró.

El Principado aún no ha decidido la fórmula que seguirá para transmitir la propiedad de los inmuebles a Vipasa: el hecho de tratarse de una sociedad cien por ciento pública y propiedad del Principado permite varias opciones aunque lo más probable es que se acuda a la venta directa. «Aún no está decidida la fórmula exacta, es algo que se cerrará en los próximos meses cuando se analice el proceso», explican desde el Gobierno regional.

La venta directa supondría que el Principado transmitiría los inmuebles a Vipasa y ésta pagaría por ellos 102 millones que pediría a crédito. Al ser Vipasa una sociedad anónima, su deuda no computa en la de la Administración regional aunque su carácter «100% Principado» permite la venta directa sin oferta pública abierta. Este tipo de contratos, denominados «domésticos», ya cuentan incluso con respaldo comunitario. Bruselas apoyó a la Administración en una denuncia interpuesta por varios empresarios contra la pública Tragsa.

La operación cuenta además con pocos gastos añadidos. Las viviendas de segunda mano no pagan IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales contempla la exención para inmuebles de carácter protegido y también para operaciones entre entidades públicas, así que quedarían simplemente las plusvalías que cobraría cada ayuntamiento (también bonificadas para vivienda pública) y las tasas de notaría, que para estas cantidades se negocian directamente con el profesional que elabore la documentación. Si se aplicara el arancel previsto para ventas de hasta 6 millones se abonarían entre quince mil y treinta mil euros.