Oviedo, Raquel L MURIAS

La Procuradora General del Principado de Asturias ha instado a la Consejería de Bienestar Social a que asuma sus competencias como tutora de un niño inmigrante de origen marroquí al que no ayudó a tramitar la nacionalidad española a la que tiene derecho.

La Procuradora General tomó está decisión tras la denuncia de la asociación SOS Racismo, que alertó de que el niño no podía obtener su documentación por la negativa de la Consejería a acompañarlo en calidad de tutora, indispensable para poder tramitar la nueva nacionalidad. El niño marroquí tiene derecho a disponer de esta documentación por llevar viviendo en España más de dos años bajo la tutela de la Administración.

Fue en mayo de 2008 cuando el muchacho llegó a Asturias. El informe médico de valoración de la edad ósea del joven que se le realizó entonces en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) arrojó que la edad del marroquí era de 19 años, declarándosele entonces mayor de edad y fue puesto a disposición de la Brigada de Extranjería.

Pero el joven presentó alegaciones y aseguró ser menor de edad. Fue en febrero de 2009 cuando la policía vuelve a derivar al muchacho a un centro de acogida y se descubre, según su pasaporte, que el inmigrante era, efectivamente, menor de edad. Tenía 15 años: había nacido el 29 de marzo de 1993.

En consecuencia, la tutela del menor recae sobre la Consejería de Bienestar Social en marzo de 2009, pero esta declaración tiene carácter retroactivo y, al comprobarse que el niño era menor, la tutela queda vigente desde mayo de 2008, fecha en la que llegó al Principado.

La Procuradora General, una vez analizado el caso, considera que se «debe formular recordatorio de deberes legales a la Administración», y apunta que queda debidamente probada la situación de desamparo del menor, cuya tutela fue admitida por la Administración y que queda constancia de que intentó llevar a cabo todo los trámites necesarios para conseguir la nacionalidad española y que tiene derecho a hacerlo porque la ley especifica que tiene esta posibilidad «quien hubiera residido un año en España, siempre que haya estado sujeto a legalmente a la tutela de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuase en esta situación en el momento de la solicitud», circunstancias que cumple de sobra este joven.

Ana Taboada, presidenta de SOS Racismo, considera que la Administración regional eludió sus funciones con el menor, lo que «le supone un perjuicio muy importante; más ahora, en tiempos de crisis, cuando para ellos es primordial poder contar con la nacionalidad española». Asegura Taboada que en Asturias hay otros menores afectados que, después de tres o cuatro años de tutela, tienen que esperar a acceder a la nacionalidad una vez que alcanzan la mayoría de edad. «La nacionalidad les abre muchas puertas», concreta la presidenta de SOS Racismo.

Taboada asegura que la situación es discriminatoria con estos menores que cumplen los requisitos para poder acceder a la nacionalidad española. Ahora que la Procuradora ha dado la razón a SOS Racismo, Taboada indica: «Me voy a plantar con el niño ante la Consejería de Bienestar Social y no nos vamos a mover de allí hasta que tengamos una respuesta afirmativa por parte de la Administración», concluye.

Con la razón de la Procuradora General en la mano, desde SOS Racismo confían en que la situación se resuelva y que representantes de la Consejería «acompañen al niño a tramitar su nacionalidad tal como deben hacer por ser sus tutores», concreta la presidenta de este colectivo que lucha por la integración de todos los inmigrantes residente en Asturias.