Oviedo, E. LAGAR / J. A. ARDURA

El Gobierno regional se negó ayer hasta en tres ocasiones a poner «la mano en el fuego» por su ex consejero José Luis Iglesias Riopedre. Tanto el jefe del Ejecutivo regional, Vicente Álvarez Areces, como la portavoz del Principado, la consejera Ana Rosa Migoya, ni siquiera recurrieron al argumento de la «presunción de inocencia» para defender a Riopedre.

Vicente Álvarez Areces compareció a primera hora de la mañana con el embajador de Brasil en España. El Presidente, cuya trayectoria política y vital ha estado estrechamente ligada a la de Riopedre, su hombre de confianza en el Gobierno regional desde 1999, eludió valorar la situación en la que a esas horas de la mañana se encontraba el ex consejero de Educación, detenido y pendiente de prestar declaración ante la jueza instructora, remitiéndose a una rueda de prensa posterior. LA NUEVA ESPAÑA, al término de esa rueda de prensa, preguntó a Areces si «ponía la mano en el fuego» por su antiguo colaborador. La respuesta fue idéntica. No dijo nada del caso y se remitió a una rueda de prensa de Ana Rosa Migoya.

La consejera de Administraciones Públicas llegó con alternancia de gesto serio y medio sonrisa forzada y, de entrada, afirmó que la detención del ex consejero de Educación, su «número dos» y dos empresarios suponía «un nuevo paso» en el procedimiento judicial abierto a la funcionaria Marta Renedo Avilés, suspendida de empleo y sueldo desde febrero del pasado año por supuestas adjudicaciones irregulares desde su puesto de jefa de servicio de procesos administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas. «Las personas que traicionan la confianza que las administraciones depositan en ellas deben afrontar las consecuencias y asumir las responsabilidades derivadas de sus actos», dijo.

Tras su exposición inicial, se le preguntó por Riopedre. «No podemos hacer valoraciones. Respetamos el Estado de derecho, confiamos en el Estado de derecho. Esperaremos a que esclarezcan los hechos». También a la portavoz se le preguntó si ponía «la mano en el fuego» por Riopedre, y en su respuesta volvió a marcar distancias con el ex consejero. «Esa pregunta no procede. Confiamos en la administración de justicia y en el Estado de derecho. El que sea inocente tiene la oportunidad de demostrarlo y el que sea culpable, que pague». Por último, se le preguntó a Migoya si ella misma o alguien del Ejecutivo regional habían mantenido alguna conversación con Riopedre o su entorno. Su respuesta, en este caso, fue: «Lo desconozco; yo, desde luego, no». Era la tercera negativa del Gobierno en poco más de una hora a avalar a su ex consejero.

La portavoz del Gobierno asturiano se mostró categórica al aclarar que el Ejecutivo no estaba al corriente de la supuesta vinculación de Riopedre con la investigación abierta por el Juzgado número 4 de Gijón cuando el Consejero dimitió y «su «número dos», María Jesús Otero, también detenida por orden judicial, pidió la jubilación voluntaria el pasado verano. «Rotundamente, no. El Consejero tiene un estado de salud muy delicado, como sabe todo el mundo, y en aquellos momentos ése fue el motivo de su marcha».

La portavoz había iniciado su explicación defendiendo, en primer lugar, la actuación del Principado. «Hemos colaborado eficazmente con la administración de justicia para depurar las desviaciones en una administración que cuenta con más de 35.000 empleados públicos». Migoya reveló que meses atrás el Principado ganó el pleito iniciado por la funcionaria Marta Renedo Avilés contra su suspensión de empleo y sueldo. «Recibimos una sentencia favorable, en la que se argumentaba que nuestra decisión estaba amparada por la gravedad de los hechos», desveló Migoya.

Migoya también aseguró ayer que cuando el Principado detectó «las irregularidades y supuestos delitos» de la funcionaria «actuó con rapidez y contundencia» y que en ese momento, el 18 de febrero, «desconocía» que un Juzgado de Gijón ya hubiera abierto diligencias tras una denuncia que tuvo su origen en una inspección de Hacienda. «De esa investigación nos enteramos por la fiscalía», afirmó.