El ex consejero, que en su día, cuando formalizó la declaración de bienes como miembro del Gobierno regional, no incluyó datos sobre sus cuentas bancarias, salió de la sala judicial pasadas las cinco de la tarde, cabizbajo y con las manos esposadas. El PSOE lo expulsó ayer mismo del partido.
El resto de detenidos, la ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras y antigua número dos de Riopedre, María Jesús Otero; la alto cargo de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés; y los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, propietario de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín, podrían pasar hoy a declarar ante el juez. Algunos de estos arrestados están acusados también de malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales, lo que podría llevarles a prisión tras prestar declaración ante el juez.
La titular del Juzgado de instrucción número cuatro de Gijón prevé hacer pública próximamente una parte del sumario, la que afecta a los detenidos. El resto, que podría incluir escuchas telefónicas, seguirá bajo secreto al restar por acometer varias diligencias policiales y considerar, fuentes judiciales, que la actividad corrupta puede ser más amplia. La juez investiga también si el ex consejero intermedió, negoció o forzó a varias empresas que disfrutaron de contratos con Educación a llegar a acuerdos comerciales con Geogal, una firma que sería propiedad de su hijo E. I. G. y que incluso podría haber cobrado sin prestar los trabajos. Geogal, con oficinas en Santiago de Compostela y en la calle San Bernabé de Oviedo, se dedica a hacer estudios geotécnicos para obra civil.
El sumario incluiría también información sobre empresas vinculadas a las ya investigadas Igrafo y Almacenes Pumarín que se beneficiarían, también, de contrataciones irregulares. Ambas empresas contarían con sociedades paralelas que les permitían cubrir el requisito de presentar tres presupuestos para cubrir el expediente de adjudicación. La red habría logrado por esta vía «muchos, muchos millones», según la investigación. El alcance de la trama deberá ser determinado por la juez, que ayer ya interrogó a Riopedre sobre estas empresas.
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