Cantabria, más transparente que Asturias

Oviedo, L. Á. V.

Oviedo, J. A. ARDURA

Asturias no tiene que ir muy lejos para ver cómo su Administración autonómica puede ser más transparente, según señalan los expertos en Administración pública. En Cantabria, las diferentes consejerías del Gobierno regional publican trimestralmente una relación de los contratos menores, y esta práctica se lleva a cabo hasta extremos puntillosos. Por informar, se informa hasta de la compra de pegatinas para las marquesinas. La Administración asturiana no llega a esos extremos y se conforma con controles más laxos y menos efectivos, según opinan los expertos.

El caso cántabro puede resultar aleccionador. La última relación de la Consejería de Presidencia, publicada por el «Boletín Oficial de Cantabria» el 14 de enero, recoge desde el coste del mantenimiento de una impresora digital (21.004 euros) hasta la adquisición e instalación de una licencia Microsoft, que costó 330,03 euros, la inserción de un anuncio en prensa o la reparación de un coche por casi 6.000 euros.

Esta meticulosa práctica contribuye desde luego mejorar la confianza de los ciudadanos en su Administración, según señala el presidente de la Asociación para la Defensa de la Transparencia del Sector Público (Adetra), Juan José Cañas, que dirigió entre 2003 y 2007 el Servicio de Salud del Principado. Cañas propone diversas medidas para mejorar la transparencia de la Administración regional, desde un control más cercano por parte de los servicios de Intervención de los contratos menores hasta la creación de un cuerpo diferente de funcionarios para llevar a cabo la labor fiscalizadora.

En Asturias no se sigue el ejemplo cántabro. Dejando de lado lo ocurrido con los datos publicados por la Dirección de Política Forestal, retirados a los pocos días, Juan José Cañas sostiene que «los contratos menores están exentos de fiscalización previa, es decir, su aprobación y la del gasto correspondiente no pasan por la mesa de un interventor».

Según Adetra, cada año se publica un plan de auditorías en el que se señala qué servicios se fiscalizarán. Es imposible examinar todos los contratos, motivo por el que se realizan controles aleatorios.

En referencia a la trama de corrupción investigada por la juez López Pandiella, Adetra estima que han fallado otros controles mucho más cercanos y que deberían haber sido más efectivos. La funcionaria Marta Renedo sólo tenía posibilidad de proponer los contratos que ahora son objeto de investigación. Para sacarlos necesitaba dos firmas, la del superior encargado de ordenar que se suscribiese el contrato (en este caso, el director general Alberto Pérez Cueto, cuya firma falsificaba con una transparencia), pero también la de un segundo superior encargado de ordenar el pago del contrato, y que en este caso sólo podía ser la consejera Ana Rosa Migoya, salvo que hubiese delegado esa capacidad. «Los superiores de Renedo deberían haber detectado con mayor facilidad las prácticas de la alta funcionaria», asegura un experto de Adetra.

«Dar publicidad a las adjudicaciones de aquellos contratos a los que no alcanza la obligación legal de publicidad supondría un plus de transparencia y resultaría enormemente constructivo y aconsejable», indicó Cañas. Pero el presidente de Adetra se muestra más partidario de realizar un control contrato por contrato. Además, no olvida que este tipo de contratación debería ser una práctica «excepcional».

Por su parte, el consejero de Medio Rural y Pesca, Aurelio Martín, indicó que la publicación de los contratos de Política Forestal no era la única medida para fomentar la transparencia que ha tomado su departamento. Martín indicó que se han consensuado con los sindicatos agrarios numerosas medidas y líneas de ayudas. «Hemos aplicado el lema de diálogo, consenso y transparencia, pero no pretendemos dar lecciones a nadie acerca de ello», remarcó el Consejero, que quiso evitar entrar en la polémica de los datos publicados y luego retirados por la dirección de Modernización, según indicó el pasado jueves el director de Política Forestal, Joaquín Arce.

Aurelio Martín sí señaló que «sería interesante» extender la publicación de los contratos menores a otros departamentos de la Administración regional. «Con más nivel de transparencia quizá no pasarían las cosas que están pasando», aseguró, en referencia a la «operación Marea». Y abogó por abrir un período de reflexión para poner en marcha las medidas que hagan imposible casos de corrupción similares.

Pérez Cueto afirma que es el Gobierno, y no Arce, quien decide publicar o no las cuentas

El director general de Modernización, Alberto Pérez Cueto, negó ayer haber retirado los datos sobre contratos menores y dietas que colgó en la página web del Principado la Dirección General de Política Forestal, bajo la responsabilidad de Joaquín Arce, y el Banco de Tierras. Pérez Cueto indicó, en declaraciones a Radio Nacional, que «lo que se produjo fue que le dijimos que se pusiese en contacto con su Consejería (Medio Rural y Pesca) y con el Gobierno». Según el director general, «simplemente se le indicó el procedimiento que había que seguir y no hemos vuelto a saber nada de él (en referencia al director general Joaquín Arce)». Pérez Cueto dio a entender, con su intervención, que la difusión de los datos de contratos menores corresponde decidirla al Gobierno en su conjunto, debido a su calado. «El Gobierno es uno, aunque sea trino», ironizó el director general de Modernización, jefe hasta hace un año de Marta Renedo.

Joaquín Arce responsabilizó el jueves directamente a la Dirección General de Modernización de la retirada o bloqueo de los datos que colgó en la web del Principado, correspondientes a los contratos menores (aquellos que no requieren la convocatoria pública de un concurso) y a las dietas del director general a lo largo de 2010. Arce aludió al ejemplo de Cantabria, donde se publican trimestralmente, y defendió la difusión de estos datos para incrementar la transparencia de la Administración regional. Arce propuso a su vez crear unos «asuntos internos» de la Administración y rotar a los funcionarios de puesto.

La Cofradía Amigos de los Nabos de Morcín solicita al Juzgado el dinero requisado

La Cofradía Amigos de los Nabos rechazó ayer que tenga vínculo con la empresa Igrafo y relación con los hechos que están siendo investigados en la «operación Marea». La sociedad gastronómica informó, mediante una nota aclaratoria, que el dinero requisado por la Policía, entre 8.000 y 9.000 euros, se encontraba en las instalaciones de la empresa Igrafo y que ya ha solicitado su devolución al Juzgado número 4 de Gijón.

«El dinero requisado es propiedad de la Cofradía Amigos de los Nabos y estaba en posesión de nuestro tesorero (empleado de Igrafo), que lo guardaba en las instalaciones de la empresa y no en una caja de seguridad de una entidad bancaria, a la espera de recibir las facturas pendientes para hacer el pago de las mismas».

La cofradía precisa que esas facturas correspondían «a los gastos derivados de las actividades realizadas el 15 de enero de 2011, en la celebración del VII Gran Capítulo» y considera «un hecho fortuito y casual» que ese dinero «estuviera en la sede de Igrafo en el momento de la intervención de la Policía Judicial». La Cofradía de Amigos de los Nabos resalta que es una asociación «independiente, democrática, lúdica, filantrópica y altruista, que no persigue actividades ni fines lucrativos». El dinero requisado estaría destinado a pagar los gastos del homenaje a Vicente del Bosque el pasado mes de enero.

Incrementar el control

El presidente de Adetra, Juan José Cañas, propone incrementar los controles en las «áreas de riesgo». Para Cañas, los interventores deberían anotar cada contrato que les llega, de forma que se contase con un listado completo que permitiese detectar prácticas como el fraccionamiento y los abusos en la adjudicación de contratos de obra.

Cuerpo especializado

Cañas insiste en la necesidad de crear un cuerpo con alta cualificación y diferenciado de aquellos funcionarios destinados a la gestión del gasto público, que se encargaría de la fiscalización del gasto.

Doble perspectiva

Cañas propone que haya un control desde una doble perspectiva. Habría un primer control que establecería la legalidad del contrato menor, y un segundo control, ejercido por funcionarios de intervención distintos, que indicaría si los contratos se corresponden con los principios de buena gestión.