Gijón, F. G.
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Gijón ha denunciado ante la Fiscalía Especial Anticorrupción al titular del Juzgado de primera instancia número 8 de Gijón, Ángel Luis del Campo Izquierdo, al que acusa de haber puesto en marcha un servicio de mediación familiar «adjudicado a una entidad presidida por su hermana».
El pasado martes, la Junta de Gobierno de la abogacía gijonesa acordó remitir un escrito a Anticorrupción en el que denuncia hechos «de gravedad indudable» de los que responsabiliza a Campo Izquierdo, a quien acusa de abandonar «sin motivo alguno conocido» la derivación de asuntos de su Juzgado al servicio de mediación familiar «público y sin ánimo de lucro» y de asistencia voluntaria, que desde noviembre de 2007 ofrecía este Colegio; y de crear «otra actividad de mediación en su Juzgado, de obligada asistencia para los ciudadanos y los abogados de los asuntos que él va a resolver».
El Colegio de Abogados señala en su escrito de denuncia a la Fiscalía Anticorrupción que el juez Campo «instala en el interior del local judicial, con amplias facultades de uso» a la entidad presidida por su hermana «para que desarrolle esa nueva actividad de mediación, ahora obligatoria». Y añade que la actuación del magistrado «proporciona objetivamente las condiciones para la retribución económica de dicha entidad privada», de la que la hermana del juez es presidenta.
En su relato de los hechos denunciados, el Colegio de Abogados del Gijón explica que en el mes de mayo de 2010, Ángel Luis del Campo decide «de forma directa y unilateral» establecer en su propio juzgado un servicio de mediación familiar distinto al que oferta la abogacía local. El Colegio denuncia que el juez asignó un despacho «oficialmente destinado a la Fiscalía», a Mediadores Asociados del Principado de Asturias (MAPA), entidad que preside su hermana. «Y ellos sin consentimiento, y al parecer ni siquiera conocimiento previo ni de la Consejería de Justicia del Principado de Asturias ni del Consejo General del Poder Judicial».
Los abogados denuncian ante la Fiscalía que el juez «convierte en obligatoria» una asistencia a las partes y a sus abogados que se considera «voluntaria y confidencial». Al tiempo que acusa al magistrado de «persuadir» a los ciudadanos que son parte en el proceso judicial «de las bondades del sistema de mediación existentes en el Juzgado y les invita a que, de inmediato, pasen a la dependencia utilizada por MAPA, ubicada a escasos metros del propio despacho del juez».
El Colegio añade que «desconoce de forma cierta» de qué forma se está retribuyendo esa actividad.
