La Sala Octava de la Audiencia celebra hoy la vista sobre los recursos de las defensas contra del auto de prisión de los tres imputados en prisión provisional: el ex consejero de Educación Jose Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general de la Consejería de Educación María Jesús Otero y la funcionaria Marta Renedo Avilés.
El primer turno le ha coprrespondido al ex consejero. Durante la vista, el Principado, personado como acusación particular, ha pedido la libertad para Iglesias Riopdedre y María Jesús Otero, ya que "en vista de lo presentado no hay delito". No ocurre lo mismo en el caso de Marta Renedo de quien aseguran "no hay indicios, hay pruebas de delito".
Por su parte, la Fiscalía ha solicitado que Riopedre continúe en prisión ya que "su estado de salud es el mismo que tenía hace unos meses y no le impedía trabajar y viajar". Además la fiscal ha añadido que "cuando se levante el secreto del sumario, quizás sabremos por qué dimitió el ex consejero".
La defensa de Riopedre ha solicitado "la nulidad de la orden de prisión provisional o su revocación" ya que, según explicó el abogado defensor Sergio Herreros, aún no se le han comunicado los motivos de esta decisión. Además el abogado del ex consejero ha añadido que "su estado de salud no es el principal motivo para pedir su excarcelación, es importante, pero tiene que ser puesto en libertad por justicia".
REDACCIÓN
La fiscal mantiene que María Jesús Otero debe seguir en prisión provisional
La fiscal ha mantenido hoy ante la Audiencia Provincial de Asturias que la exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación María Jesús Otero debe seguir en prisión provisional por su supuesta implicación en un caso de corrupción en adjudicaciones de contratos.
Así lo ha manifestado la representante del Ministerio Público en la sede de la Audiencia en Gijón durante la vista del recurso de Otero contra su prisión.
Para la fiscal al estar en curso la investigación sigue existiendo riesgo de destrucción de pruebas y ha recordado la gravedad de los delitos.
Por contra, la defensa de Otero ha presentado dos autos sobre el embargo de todos los bienes de la ex directora general y sobre la documentación y pruebas recabadas en los que se ha basado para pedir su puesta en libertad, una medida que ha sido solicitada también por el abogado del Gobierno del Principado, que ejercita la acusación particular.
Según el letrado de la defensa, Otero no tiene dinero para fugarse ni puede destruir pruebas, porque ya están recogidas y no hay riesgo de que puedan ser destruidas.
El abogado defensor ha alegado que el procedimiento puede derivar en que el delito que se le atribuya a su patrocinada sea un cohecho impropio, que está castigado sólo con multa, por lo que cree desproporcionada la medida de prisión provisional.
No obstante, la fiscal ha replicado que, aunque permanezca el caso bajo secreto de sumario, se le acusa de un delito de mayor calado, que además es continuado y ha subrayado que la gravedad de los hechos motiva la decisión de decretar la prisión provisional.
Por su parte, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del Principado ha pedido que se la deje en libertad puesto que entre todas las grabaciones y escuchas presentadas no hay ninguna que indique la existencia de un delito que justifique la prisión preventiva.
En concreto, se ha referido a una grabación en la que ante una emergencia, como fueron las inundaciones de Ribadesella del pasado año, encarga la contratación de mobiliario para una escuela, algo que, según el letrado del Principado, es "perfectamente legal".
Además ha señalado que la jueza, durante un interrogatorio de más de dos horas, debería haber escogido las grabaciones más relevantes, aquellas que evidenciasen la comisión de delitos y que, sin embargo, de ellas no se desprende nada salvo, quizás sí, alguna irregularidad.
Ha insistido en que dentro de las empresas homologadas para la contratación con la administración los funcionarios pueden elegir cualquiera de ellas y ha pedido que se anule la prisión provisional o que se dicte, en todo caso, "prisión eludible con fianza".
La jueza de Instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, dictó el pasado 27 de enero orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para Otero por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones fiscales y negociaciones prohibidas para funcionarios.
EFE
El fiscal y el abogado del Principado reclaman que Renedo siga en prisión
La Fiscalía ha reclamado hoy que se mantenga la prisión preventiva para la funcionaria Marta Renedo Avilés ya que considera que una persona que falsificó identidades y creó empresas para malversar caudales públicos sí que presenta riesgo de fuga.
En términos parecidos se ha expresado el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del Gobierno del Principado que, sin embargo, sí que ha pedido la libertad para los otros dos encarcelados por la supuesta trama de corrupción que está siendo investigada en la administración asturiana: el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y la que fuera su número dos, la directora general María Jesús Otero.
La defensa de la funcionaria, que ejerce el letrado Luis Tuero, ha insistido en que la prisión preventiva para su cliente es una condena anticipada y que no existe ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas o de que pueda continuar delinquiendo porque podría haberlo hecho durante los meses que estuvo libre desde que se destapó el caso y no lo hizo.
Durante la vista celebrada hoy en la sección octava de la Audiencia de Asturias, el fiscal ha señalado que si la prisión preventiva no puede aplicarse a alguien que falsificó y malversó, como las pruebas parecen indicar en este caso, entonces esa medida no se puede aplicar "en ningún caso".
La acusación de Renedo ha rechazado también que la situación de esta funcionaria sea la misma que hace un año cuando se descubrieron las irregularidades en la Consejería donde trabajaba.
En su opinión, Renedo creía entonces que le caerían uno o dos años por un delito de incompatibilidades según se desvela de las grabaciones e las conversaciones telefónicas.
Para el abogado de la acusación particular, aunque de las declaraciones erráticas de la funcionaria se constate que no tiene un conocimiento claro de la gravedad de los hechos que se le imputan, sí que persiste el riesgo de fuga.
El abogado defensor ha destacado, por contra, que cuando se tomó declaración inicialmente a su cliente no fue como imputada y que eso es de "dudosa legalidad".
Ha advertido además de que desde el principio Renedo ha mostrado voluntad de colaboración ya que continuó utilizando el mismo teléfono móvil, no disolvió los bienes gananciales con su pareja ni hizo movimiento tendentes a la destrucción de las pruebas.
El letrado ha añadido que esta mujer ha sido "vilipendiada" por los medios de comunicación por la alarma social generada por la imputación de otras personas que ocupan cargos públicos y de notoriedad que han sido implicados en esta presunta trama de corrupción.
El letrado que ejercita la acusación particular en nombre de la mujer cuya identidad presuntamente fue usurpada por Marta Renedo para abrir una cuenta bancaria ha pedido también que siga en prisión porque "falsificó firmas y documentos, se enriqueció y no se arrepiente de nada".
EFE
