El exconsejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias José Luis Iglesias Riopedre seguirá de momento en la cárcel de Villabona, al no tener la familia los cien mil euros de fianza que le ha impuesto la Audiencia Provincial para eludir la prisión provisional por su imputación en un caso de supuesta corrupción en la adjudicación de contratos.
Así lo ha indicado a Efe un portavoz de la familia, que ha indicado que la defensa de Riopedre, que ha cumplido ya un mes en prisión, tratará de realizar las diligencias que correspondan ante los tribunales para intentar rebajar la fianza.
En cualquier caso, la familia, a través de este portavoz, manifiesta su alegría por la decisión de la Audiencia de que Riopedre pueda eludir la prisión con el pago de una fianza, ya que estima que es "el primer paso hacia su libertad y para defender su inocencia".
No obstante, el citado portavoz asegura que la cuantía que le ha impuesto la Audiencia es "inaceptable, inadecuada e inasumible", porque la situación de la familia es precaria.
Ha recordado que tiene una cuenta común de 1.300 euros y dos créditos hipotecarios.
De esta forma, el portavoz familiar ha insistido en que Riopedre "seguirá en la cárcel porque no puede asumir la cuantía" y que el abogado defensor realizará las diligencias que correspondan ante los tribunales a estos efectos.
La familia pone de manifiesto que Riopedre "no se enriqueció, sino que trabajó por el interés general y por el de la educación en general" y el portavoz ha añadido que "demostrará que nunca metió en su cajón dinero público".
La Audiencia dictó ayer un auto en el que permite a Riopedre dejar la prisión si paga dicha fianza y le obliga a presentarse en el Juzgado dos veces al mes.
Los magistrados han tenido en cuenta que ha disminuido el riesgo de que destruya pruebas por lo avanzado de la investigación.
Además, ha considerado sus circunstancias personales, en concreto, su edad, 71 años, y que padece diabetes de tipo II y una cardiopatía (con marcapasos y cuatro bypass).
Sin embargo, la Audiencia desestimó el recurso de la exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de educación María Jesús Otero y de la funcionaria Marta Renedo, que deberán seguir en prisión provisional.
En relación con esta causa se encuentran además en libertad bajo fianza de 300.000 euros los empresarios Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín.
EFE
15:03
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