Javier Fernández, secretario general del PSOE asturiano y candidato a la Presidencia del Principado, afirmó ayer que «si se confirma» que el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre tiene alguna responsabilidad en los hechos investigados en la llamada «operación Marea» esta responsabilidad tendría «una connotación personal, pero no política». Fernández, que ayer ofreció una entrevista en la televisión pública estatal, aseguró que no temía que hubiera ningún socialista más implicado en las investigaciones desarrolladas por la juez instructora Ana López Pandiella. «No lo temo», aseguró. «Pero nosotros estamos abiertos a toda la cooperación que fuera necesaria y para colaborar en todo para aclarar el asunto». Fernández añadió que el «caso Renedo», en alusión a la jefa de servicio encarcelada, tiene una «connotación funcionarial».

Sobre la decisión de la Audiencia Provincial de dejar en libertad bajo fianza al ex consejero Riopedre, Fernández aseguró que las «decisiones de los jueces no las voy a valorar nunca». Añadió que «en su momento dejé muy claro la posición de la Federación Socialista Asturiana, que es el respeto a la presunción de inocencia y que debían ser los imputados los que tienen que defenderse», matizó. En esa entrevista, el candidato socialista fue preguntado si temía que el caso «pasara factura» al partido en las próximas elecciones. A esto respondió: «Yo lo que quiero decir a la ciudadanía es que el PSOE responde de manera rápida y fulminante».

IU, a través de su coordinador regional Jesús Iglesias, manifestó sobre la puesta en libertad bajo fianza de Riopedre que «cuanto menos se valoren las decisiones que se toman desde el ámbito del Derecho, mejor». Iglesias manifestó su respeto por las decisiones judiciales pero sí valoró la decisión del abogado del Principado, personado como acusación, de pedir la excarcelación de Riopedre. «Lo más razonable es que el Principado no se pronunciara si está a favor o en contra». Iglesias añadió que es el ministerio fiscal «el que representa el interés general y no parece lo más razonable que las administraciones públicas se enfrenten. La presunción de inocencia y la presunción de fundamento de la administración de justicia para hacer su labor son igual de importantes», remató.

La consejera de Administraciones Públicas del Principado de Asturias, la socialista Ana Rosa Migoya, eludió ayer posicionarse a favor o en contra de la decisión de la Audiencia de decretar la prisión bajo fianza para Riopedre. «Somos respetuosos con los procedimientos de la Justicia», señaló. Sin embargo, el consejero de Industria del Principado, Graciano Torre, dio un paso más y aseguró que la «puesta en libertad de Riopedre era algo esperado por mucha gente» y reconoció que para él ésta es una buena noticia. «Desde el punto de vista personal es una satisfacción que José Luis, con independencia de que la investigación siga su curso, pueda estar en su casa, donde creo que, dada la situación física que tiene, estará mucho mejor que en la cárcel».

Isabel Pérez-Espinosa, candidata del Partido Popular al Gobierno del Principado, se abstuvo ayer de valorar el auto judicial que imponía una fianza de 100.000 euros para el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre al señalar que «cualquier valoración sobre decisiones judiciales compete únicamente a sus responsables. Ahí los políticos no podemos influir, y menos con comentarios».

Aún así, Isabel Pérez-Espinosa destacó que, «con fianza o en prisión, el ex consejero tiene que responder a una serie de delitos que se le imputan, por una serie de conductas irregulares». La candidata de los populares mostró su esperanza de que el proceso judicial «se resuelva lo antes posible para que se puedan solucionar esas responsabilidades judiciales por comportamientos y conductas realizados por altos cargos de la administraciones en el ejercicio de sus responsabilidades como altos cargos y no en su vida privada». Hechos que, según Pérez-Espinosa, «entiendo que tienen que conllevar responsabilidades políticas de aquellos que los mantenían en el cargo y no aplicaron los controles y medidas que disponen todas las administraciones para evitar este tipo de conductas». Medidas que, si se hubieran puesto en marcha, «podrían haber evitado la situación en la que nos encontramos, con un desvío de fondos públicos, tan escasos hoy, a destinos nada aconsejables», sentenció.

La presidenta y portavoz del PP en Gijón, Pilar Fernández Pardo, indicó que el hecho de que se haya puesto en libertad bajo una fianza de 100.000 euros al ex consejero de Educación «viene a significar que consideran que no hay peligro de fuga». No obstante, Fernández Pardo se mostró sorprendida por que el Principado se presentara como acusación particular en el caso abierto en el Juzgado número 4 de Gijón pero, en cambio, en la vista contra el auto de prisión provisional hizo una defensa de Riopedre y de María Jesús Otero.