Gijón, R. GARCÍA
¿Qué hizo José Luis Iglesias Riopedre para estar en la cárcel? Esa es la pregunta que se formulan miles de asturianos. Los autos judiciales dictados por la magistrada Ana López Pandiella, la instructora del caso; las intervenciones de la fiscal María Luisa García Vega y las resoluciones de la sección octava de la Audiencia Provincial revelan algunas respuestas. Para todos ellos, está más o menos claro que Riopedre forma parte de una trama corrupta que se beneficiaba con contratos irregulares en el Principado. Los más cercanos al ex consejero de Educación del Principado lo rechazan frontalmente.
López Pandiella considera que el político está «implicado en una mecánica delictiva a través de su cargo público» aunque no se precisa exactamente el papel que jugaba Riopedre en ese «mecano» del que también formarían parte funcionarios y empresarios asturianos. La primera en justificar el encarcelamiento del ex consejero, una medida que ha suscitado todo tipo de debates en Asturias (la región nunca se había enfrentado hasta ahora a un caso de corrupción de este calado), fue precisamente la magistrada encargada de enviarle a Villabona. Pandiella aseguró: «Constan motivos bastantes para considerarle criminalmente responsable de los delitos en consideración al resultado de las investigaciones llevadas a cabo en el curso de esta instrucción y a la vista del contenido de las intervenciones telefónicas acordadas en el seno de la misma». Los delitos eran prevaricación, cohechos, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Pandiella relaciona en su escrito al ex consejero con los empresarios que se encuentran en libertad bajo fianza de 300.000 euros, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, propietarios de Igrafo y Almacenes Pumarín respectivamente: «En lo hasta ahora actuado aparece indiciariamente que el imputado forma parte de un entramado delictivo, dedicado, por precio o recompensa en especie, a obtener fraudulentamente adjudicaciones de contratos públicos eliminando la concurrencia en lo posible de empresas ajenas a dicho entramado mediante la manipulación tanto por parte de los encargados de las empresas adjudicatarias como por parte de los imputados con cargos públicos de relevancia en el seno del Principado, de las citadas adjudicaciones». La magistrada sospecha también que alguno de los implicados obtuviera, además de dinero, regalos o acuerdos con las empresas implicadas.
Los más cercanos a Riopedre no se explican cómo, su modelo de humildad, ha podido acabar en la cárcel a los 72 años. Las preguntas se amontonan aún más si cabe si se mira al resto de imputados. ¿Cerró los ojos Riopedre ante los presuntos delitos que cometía su número dos en la Consejería? El magistrado de la sección octava de la Audiencia, Francisco Pallicer, mantiene en la resolución en la que aprueba el encarcelamiento de María Jesús Otero que ésta actuaba «con la anuencia de su superior (Riopedre) y previo concierto con los representantes de determinadas empresas».
María Jesús Otero Rebollada dispensaba por tanto, y siempre según la versión ofrecida por los magistrados, «un activo trato de favor a determinadas empresas adjudicándoles continuadamente obras o servicios públicos a cambio de importantes sumas de dinero» que posteriormente iban a parar a alguna de las 13 cuentas bancarias que mantenía abiertas en varias entidades bancarias.
La defensa de Riopedre, el abogado Sergio Herrero, aseguró ante el tribunal provincial que en el interrogatorio previo al encarcelamiento de su cliente, no se le había hecho mención alguna a su implicación en la trama: «No se pregunta por acto ninguno injusto ni por la percepción de dinero, favor u otra retribución por cualquier actuación de este imputado». De nuevo las dudas, ¿Qué hizo Riopedre?
Ana López Pandiella preguntó al acusado, tal y como se reproduce en la transcripción de este interrogatorio, acerca de su relación con la tercera imputada en esta trama que se encuentra en prisión, la funcionaria Marta Renedo Avilés y con los empresarios que se encuentran en libertad bajo fianza. «No he recibido cantidad alguna por decisiones que haya adoptado como consejero», aseguró tajante el acusado ante la magistrada.
Fueron un total de trece preguntas «breves» a juicio del letrado. La magistrada también interrogó al reo acerca de Geogal, la empresa de su hijo. En este punto surge un nuevo interrogante abierto hace tan solo unos días: ¿fue este el gran agujero en el que se fueron los ahorros de la familia? El ex consejero y su mujer explicaron el pasado viernes que no van a poder pagar la fianza de 100.000 euros que les impuso la Audiencia Provincial para permitir la salida de Villabona después de apreciar los motivos de salud alegados por su abogado. Un portavoz familiar aseguró que la precariedad económica de la pareja, ambos con sueldos provenientes de la Administración regional, se debe a la «importante ayuda que tuvo que prestar el matrimonio a su hijo, cuya empresa geotécnica vinculada al mercado inmobiliario estuvo a punto de desmoronarse», según algunas fuentes, debido a la crisis del sector inmobiliario y de la obra pública.
En el lado contrario, entre los que más claro tienen que Riopedre llevó a cabo actos ilegales, la fiscal María Luisa García Vega. Con un estilo duro y vehemente, muy segura, García Vega llegó a señalar durante la vista celebrada en la Audiencia para valorar la excarcelación de los tres presos que «cuando se levante el secreto de sumario lo sabremos».
