La juez que instruye la «operación Marea» contra la corrupción, la gijonesa Ana López Pandiella, se aferra a la investigación del caso. La magistrada se niega a trasladar el procedimiento a Oviedo argumentando, según un auto al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, que la investigación en torno a la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos partió de su Juzgado y que una de las empresas imputadas (Almacenes Pumarín) tiene sede en Gijón. Además, sostiene que la doctrina del Tribunal Supremo la avala. La fiscalía rebate sus argumentos en otro escrito que también pudo conocer ayer este periódico: los delitos se cometieron en Oviedo y es en esta ciudad donde se deben juzgar. Éste es el frente en el que se moverá, en las próximas semanas, el proceso judicial abierto por las irregularidades cometidas en las contrataciones de la administración regional.

Los abogados de los cinco imputados en esta operación -el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; su número dos en la Consejería, María Jesús Otero, la funcionaria Marta Renedo Avilés y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez- se suman al argumentario de la fiscalía: el caso debe trasladarse a Oviedo. La decisión queda ahora en manos de la Audiencia Provincial. Pero la juez López Pandiella, titular del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, considera que es «obvio» que los delitos que se imputan a los acusados (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales) «no se cometen únicamente en el lugar donde ocupan sus cargos los funcionarios implicados» sino también «en las sedes de las empresas que o bien reclaman o bien aceptan ese trato de favor». Ahí llega el primer gran argumento esgrimido en esta polémica por la magistrada: una de las empresas, Almacenes Pumarín, tiene su sede en Gijón. Y es que para Pandiella las empresas son la clave que une a todos los hasta ahora implicados.

La juez mantiene además que la denunciante, una gijonesa que supuestamente recibió durante «varios años», y sin enterarse, el dinero público que desviaba Marta Renedo, interpuso en su Juzgado la denuncia que originó las investigaciones. La doctrina del Tribunal Supremo, tal como subraya Pandiella en su auto, hace que el caso se quede «en el primer Juzgado que conoció de la causa» siempre y cuando existan discrepancias para, de esta manera, evitar el «peregrinaje judicial». «No consta el lugar en el que se ha cometido el delito, hasta este momento procesal no ha quedado acreditado que este partido judicial no guarde conexión con los hechos investigados» concluye la magistrada.

En cambio, la representante del ministerio público en el caso, María Luisa García Vega, mantiene que es «un hecho puramente casual» que la denunciante iniciara con su queja la investigación en Gijón. Es más: «En el momento procesal en el que nos encontramos no existe aún elemento probatorio alguno que afirme que el ofrecimiento (de dinero) o el desplazamiento patrimonial se produce en el partido judicial de Gijón» pero, eso sí, «el resultado pretendido se produce en Oviedo, lugar donde se deciden las adjudicaciones».

Para María Luisa García Vega el delito que más pesa en este procedimiento es el de malversación, agravado, según la fiscal, por el montante de cantidades que han sido malversadas en este caso, lo que lleva de nuevo «imperativamente» el sumario a los juzgados de la capital asturiana. En todo caso, y aunque se hablase de delitos conexos, la representación del ministerio público mantiene que la jurisdicción debe recaer en «la capital de provincia».