Oviedo, Pablo GALLEGO

Los aficionados al ciclismo llaman «serpiente multicolor» al grupo de hombres que, cada verano, recorren las carreteras galas durante el clásico Tour de Francia. Ayer, las calles que unen la Delegación del Gobierno en Oviedo con el edificio histórico de la Universidad fueron testigos de un hito similar: la marcha de más de 1.500 universitarios, según la organización, unidos sin consignas sindicales ni políticas en defensa de la Universidad pública. En contra de la «degradación» de la enseñanza superior. Un problema causado, según los alumnos, por la falta de recursos para aplicar el llamado «plan Bolonia», por el que España se adapta al modelo que impera en Europa. Al final de la marcha, durante su encuentro con el rector, Vicente Gotor se comprometió a «resolver» los problemas detectados en el primer curso de adaptación al Espacio Europeo. Al menos, aquellos que dependen de forma directa de la institución académica. Antes, los estudiantes concentrados en el claustro le pidieron «valentía» para «denunciar alto y claro cómo los políticos están dinamitando la Universidad pública».

La concentración previa a la manifestación comenzó al mediodía. En la plaza de España, entre la Consejería de Educación y la Delegación del Gobierno, los estudiantes comenzaron una jornada dedicada a llamar la atención de políticos y autoridades universitarias. «La Universidad pública necesita dinero público, ése que sale de nuestros impuestos y que los políticos despilfarran», leyeron en el primero de los tres comunicados. Después, exigieron al Estado «la financiación que todas las universidades públicas necesitan para seguir siéndolo». «Basta ya de robos y engaños, porque estamos hartos de salir perdiendo», gritaron por los megáfonos.

Poco a poco, la multitud reunida en la plaza comenzó a andar. Durante todo el recorrido, rodeados de una fuerte presencia policial, el comportamiento de los estudiantes fue calificado de «ejemplar». Sin destrozos ni mensajes políticos. Sólo palabras contra la situación en la que el «plan Bolonia» «ha dejado a nuestra Universidad», según señaló uno de los representantes de la Facultad de Educación. «Queremos que el rector se ponga de nuestra parte y convoque a las facultades para buscar una solución».

Durante el trayecto por la calle Santa Susana hasta Marqués de Santa Cruz, los universitarios se cruzaron con Teodoro López-Cuesta, rector entre 1975 (en funciones) y 1983. Su gobierno sentó las bases de algunas de las facultades que hoy son referencia en la educación superior asturiana, pero ellos no le reconocieron. «¿Qué pasa?», preguntó a un grupo de alumnas con bata blanca, cercanas al grupo desplazado desde el campus de Gijón. Tras atender a sus explicaciones, el ex rector siguió con su paseo matinal al borde del parque.

La ausencia de un proyecto para trasladar la Facultad de Medicina al entorno del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) motivó la presencia mayoritaria de estudiantes de Ciencias de la Salud. Sus reivindicaciones se mezclaban con las de psicólogos y logopedas, separados del resto por la LOPS, norma estatal que regula las profesiones sanitarias, y que nació durante el proceso legal que precedió a la implantación en España del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). «No tenemos salida pública», lamentó Elena Gómez.

A la una menos veinte, la pancarta con el lema «Salvemos la Universidad pública», cabeza de la manifestación, pasaba junto al edificio de la Presidencia del Principado, antes de instalarse frente a la Junta General. Casi en sede parlamentaria, los estudiantes leyeron el segundo comunicado del día, dirigido «a los políticos que nos gobiernan desde sus poltronas, donde aprueban dedicar más dinero a la televisión -más de 30 millones de euros- que a la Universidad».

Buena parte de la «munición verbal» fue dirigida al Consejo Social, un organismo creado en 2001 por la ley orgánica de Universidades (LOU) para «articular la participación e interrelación entre la sociedad asturiana y la institución académica». Según los estudiantes, una herramienta «letal» para la Universidad por sus «decisiones económicas y políticas». Una de ellas, el nuevo reglamento de Permanencia, que endurece los requisitos para no ser expulsado de la carrera: tener aprobada la mitad de la carrera al terminar el tercer curso, y el primer curso completo salvo un máximo de dos materias.

Durante el recorrido hasta el Edificio Histórico de la Universidad, los estudiantes desgranaban los problemas de sus titulaciones. En Biología, «la pérdida de optativas como Biología Marina o Nutrición, por la jubilación de sus profesores», apunta Jessica Rodríguez; en Derecho, la «masificación» denunciada por Sergio Naves, o los «horarios cambiantes» en Historia del Arte, añade Rodrigo Álvarez.