Los dos empresarios imputados podrían enfrentarse a siete años de prisión

Los magistrados de la Audiencia Provincial mantienen en sus autos que los empresarios participaron en delitos «graves» de cohecho y tráfico de influencias, beneficiándose de un claro trato de favor en las relaciones con la Administración pública regional. «Los citados indicios», mantienen los jueces del tribunal regional, «resultan de los datos obtenidos de las conversaciones telefónicas intervenidas, de la documentación aportada y de las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha por el grupo de delitos económicos de la Policía judicial de la Comisaría de Gijón». Pero aún hay más. El ponente de uno de los autos en los que se responde al recurso contra la fianza impuesta por la juez de instrucción suma otros elementos que agravan la situación de los encausados: «Los elevados importes presuntamente abonados para obtener las adjudicaciones de obras y suministros», y «el largo período en el que se vino actuando».

Los dos empresarios podrían enfrentarse, de llegar a celebrarse un procedimiento penal contra ellos, a una condena de siete años de cárcel, una pena que, en palabras de los magistrados de la Audiencia, «sin ser nada despreciable», «dista mucho de las más graves previstas en el Código Penal». Es por esto, por enfrentarse a condenas no excesivamente elevadas, por la ausencia de antecedentes penales y por su arraigo en España y en Asturias, por lo que la Sala de la sección octava ha reducido a la mitad la fianza que deben afrontar los dos acusados: el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz.

La juez encargada de instruir la «operación Marea», en la que se investigan supuestas contrataciones irregulares, ordenó la puesta en libertad con cargos y bajo fianza de los dos empresarios implicados el 27 de enero. Peor suerte corrieron durante las dos jornadas anteriores de toma de declaración los tres funcionarios detenidos. La juez de instrucción envió a prisión al ex consejero de Educación del Gobierno regional José Luis Iglesias Riopedre, a la que fuera su «número dos» en el Gobierno asturiano, María Jesús Otero, y a la jefa de servicio de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés. La Audiencia excarcelaría posteriormente a Iglesias Riopedre, al que se permitió abandonar la prisión de Villabona a principios del mes de marzo después de que sus familiares y amigos depositaran en el Juzgado de instrucción una fianza de 100.000 euros. El político, que se encuentra actualmente descansando en Galicia, debe personarse en los Juzgados gijoneses los días 1 y 15 de cada mes. Iglesias Riopedre recibió ayer vía telefónica la noticia de la rebaja de la fianza de los funcionarios.

Por otra parte, los empresarios se encuentran estos días pendientes del volcado de la información de sus ordenadores que se está llevando a cabo en el Juzgado de instrucción número 4 de la ciudad. Entre tanto, la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias continúa estudiando estos días los recursos presentados por todas las partes implicadas en el procedimiento (abogados defensores y fiscalía) contra la decisión de la juez de no trasladar el caso a los Juzgados de Oviedo. Los recurrentes entienden que los delitos se cometieron en la capital y que debe ser un Juzgado ovetense el que entienda de estos hechos. La magistrada gijonesa Ana López Pandiella argumenta que la primera denuncia que abrió el procedimiento fue interpuesta en su Juzgado por una gijonesa a la que presuntamente Marta Renedo Avilés suplantó la identidad para abrir una cuenta bancaria con la que suplantar su identidad. La magistrada también esgrime el argumento de la ubicuidad para poder continuar investigando el procedimiento. La sección octava de la Audiencia Provincial tendrá ahora, de nuevo, la última palabra.