Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

El grueso de los sindicatos con peso en el ámbito de la administración judicial asturiana coincide en señalar que la situación de esta parte de la gestión pública ha empeorado desde 2009, año en el que el Principado recibió las transferencias por parte del Gobierno central en materia de personal. Con más o menos virulencia, las centrales sindicales coinciden en sus críticas.

Las más vehementes llegan desde STAJ, el sindicato con mayor representación en este sector, y que ha recogido firmas entre los funcionarios para que el Principado devuelva las competencias al Ministerio de Justicia. Para Jesús Aguiar, uno de sus líderes, desde que el Gobierno del Principado que preside Vicente Álvarez Areces tomó las riendas de la gestión de justicia «sólo se ha incrementado el gasto y se ha producido un empeoramiento salvaje de las condiciones de trabajo y del servicio». Aguiar se queja de que en este momento los trabajadores públicos de la justicia asturiana «somos los peor pagados de toda España». También critica la falta de diálogo con la Administración regional. «No hay comunicación. Todo lo basan en el ordeno y mando», lamenta.

Además de en la falta de diálogo y en las condiciones salariales, las principales quejas de los sindicalistas se centran «en que cada vez tenemos más funciones y responsabilidades, y al mismo tiempo se nos recortan derechos», explica Luis Pérez, de CSIF, en referencia a cómo la nómina de los funcionarios de justicia no cuenta con un complemento autonómico, la retirada de las ayudas sociales o la de los incentivos a la jubilación. Pérez asegura que se dan casos en los que «un funcionario tiene menos derechos que un interino».

Luis Pérez insiste en la retirada de las ayudas que el Principado daba a los funcionarios con hijos con minusvalías, y resalta que donde la gestión aún es del Ministerio de Justicia, «y a pesar del decretazo de Zapatero, el Estado mantuvo las ayudas sociales». Y sentencia, como todos sus compañeros, que «la administración de justicia en Asturias no estuvo nunca tan mal como ahora».

Desde CC OO, el responsable del sector de justicia, Juanjo Azcano, concreta aún más las quejas de los trabajadores. Por un lado, critica la aplicación informática que el Principado ha instalado de cara a la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. «Tiene unas carencias brutales y lleva al funcionario a cometer errores», dice.

Precisamente, la implantación de la nueva oficina judicial es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector. Fernando Suárez, de USIPA, no es nada optimista: «No se puede hacer un plan ambicioso si no hay dinero».