Los 35.000 folios del sumario, en Oviedo

Gijón / Oviedo,

R. G. / P. G.

Los 35.000 folios que componen el sumario de la «operación Marea» contra la corrupción se encuentran ya en Oviedo. La juez que hasta la pasada semana se encargaba de la investigación de la supuesta trama corrupta de adjudicación de contratos públicos, la gijonesa Ana López Pandiella, ordenó a primera hora de la mañana de ayer el traslado de una documentación que horas después cayó en manos del nuevo instructor, el juez ovetense Ángel Sorando Pinilla, de guardia desde el pasado miércoles.

López Pandiella cumple de esta manera, en un tiempo récord, con la orden de inhibición dictada hace ocho días por la Audiencia Provincial. Los magistrados no aceptaron en su día los argumentos de la juez asegurando que los delitos investigados se habían cometido en Oviedo y ordenaron el traslado a la capital asturiana de los 65 tomos con los que ya cuenta la causa. Fuentes cercanas a la investigación del caso aseguraron ayer a este periódico que varios funcionarios del Juzgado de instrucción número 4 han trabajado «sin descanso» y «durante varios días, sólo para tener listos todos los documentos».

Varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía de El Natahoyo accedieron ayer a los Juzgados de Poniente a las nueve de la mañana para comenzar un traslado que no se culminaría hasta casi cuatro horas y media más tarde. Los 35.000 folios, acompañados por las piezas de convicción y el resto de pruebas recabadas desde febrero del pasado año por la instructora, partieron hacia Oviedo en una furgoneta blanca escoltados por un furgón policial a la una y media de la tarde. Los agentes trabajaron durante la mañana en el inventario de la documentación.

Durante el último mes la juez de instrucción que dio los primeros pasos en la «operación Marea» ha intentado recopilar los últimos documentos necesarios para completar la investigación. Decenas de colegios asturianos han tenido que enviar a su Juzgado los informes de gestión de los últimos años especificando las empresas o particulares con los que habían establecido lazos comerciales.

Los tres imputados que permanecen en libertad bajo fianza se desplazaron también ayer hasta la sede judicial gijonesa para cumplir con su obligación de firmar en el Juzgado de instrucción. Víctor Manuel Muñiz, el propietario de Igrafo, fue el primero en llegar al Juzgado. El empresario, en libertad bajo fianza de 150.000 euros, firmó alrededor de las diez y media de la mañana. Media hora después el dueño de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, cumplió con el trámite. El último en llegar fue José Luis Iglesias Riopedre. El ex consejero de Educación del Principado, en libertad bajo fianza de 100.000 euros tras pasar 40 días en prisión provisional, accedió al Juzgado de instrucción a la una de la tarde.

En la prisión de Villabona continúan la que fuera número dos de Educación, María Jesús Otero, y la funcionaria de Administraciones Públicas Marta Renedo Avilés.