Eduardo GARCÍA

l Buenos principios. En el siempre relativo mundo de las estadísticas educativas, Asturias puede sacar pecho si la comparamos con el erial de otras comunidades. De hecho, todos los políticos que pasan por la Consejería de Educación lo hacen a las primeras de cambio: homogeneidad del sistema (es decir, horquilla de resultados académicos parecida entre colegios), la menor tasa de fracaso escolar de España (en torno al 15%, la mitad que la media nacional), el tercer mayor gasto público por alumno y curso del país, una red de centros compensada y una ratio profesor/alumnos de las más bajas. Pero el sector está deprimido y la inmensa mayoría de los profesores que han cumplido 60 años aprovechó hasta ahora el resquicio de las jubilaciones LOE para poner tierra por medio.

l Primeros cates. ¿Por qué con buenas estadísticas hay tanto desinfle entre los protagonistas de la docencia asturiana? Hay causas que es preciso ubicar en contextos más amplios, como la autopercepción de baja consideración social de los profesores o cuestiones relativas a la disciplina en clase. El 15% del tiempo lectivo se lo pasa el profesor tratando de poner orden entre sus alumnos. Pero el malestar asturiano es más concreto. Los profesores que trabajan en el Principado, tanto en la red pública (unos 12.000) como en la concertada (unos 2.500), ganan algo menos que la media nacional, algo que se va a compensar en buena medida con el polémico incentivo de la evaluación docente. Pero ¿se puede entender ese malestar desde el exclusivo punto de vista de la nómina? En absoluto.

l Estrategia para la recuperación. Los profesores se quejan y con razón. Asturias tiene una tasa de interinidad alta -profesores que trabajan, pero que no son funcionarios de carrera-, en torno a un 18% del total de la plantilla en la red pública. El objetivo nacional de no sobrepasar el 8% de interinos en 2012 queda en Asturias a años luz. Y con la reducción de casi 300 plazas fijas para el curso que viene, decretada por la Consejería, y el escaso número de plazas de oferta pública de empleo, 125 en Primaria, las estadísticas tienden a emborronarse aún más. Si a esto añadimos las centenares de plazas de media jornada (casi 500 docentes en esa situación este curso) y el altísimo porcentaje de docentes desplazados (orografía y dispersión educativa mandan) es fácil entender la sensación de inestabilidad laboral del sector.

l Lío en clase. Un sector sindicalmente guerrero pero que se lo piensa mucho a la hora de salir a la calle. La conflictividad sindical en la educación asturiana es todo un clásico. A este paso la enseñanza en Asturias instalará «aulas» en los juzgados, y ocho de cada diez veces que es el estamento judicial el que dirime cuestiones en educación, la Consejería pierde el pulso. Toda una máquina de fracasar ante los jueces. Algo se está haciendo mal.

l Asignaturas pendientes. El sistema educativo asturiano, fiel reflejo del nacional, que para eso está regido desde hace años por el mismo color político, responde al criterio de café para todos. Un tren de baja velocidad para que casi nadie lo pierda. Loable, desde el punto de vista social; perverso a la hora de aprovechar los mejores recursos. Las pruebas PISA demuestran que tenemos unos niveles de excelencia entre los alumnos propios de un país tercermundista. Y la excelencia es lo que distingue a los mejores países del ranking. Un sistema que esté especialmente atento a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje responde a criterios de justicia social, pero ese mismo sistema no se ha ocupado hasta ahora de evitar que los alumnos más brillantes (que no son necesariamente los de altas capacidades) se aburran en clase y comprueben que viven en un mundo escolar donde los criterios de exigencia son tan laxos que animan a preguntarse si merece la pena tanto esfuerzo personal.

l Un «muy deficiente» imprevisto. Los recientes acontecimientos que rodearon a la Consejería de Educación en relación con el «caso Marea» han provocado dudas y frustración, cuando no infinita tristeza, en el sector. El sumario judicial asusta, aunque de él muchos deriven una primera conclusión, y es que parece haber evidente distancia de grados de responsabilidad entre las personas implicadas. Esa devastación de las normas internas a la hora de la relación con los proveedores y adjudicatarios de concursos chirría en cualquier ámbito de la Administración, pero es demoledora cuando el escenario es la Consejería desde donde parten las políticas para enseñar a aprender, a vivir y a convivir.

l Deberes de recuperación. Colectivo docente quemado, Administración que tiende a la autocomplacencia, sindicatos incursos en guerras reivindicativas no siempre racionales, alumnado al que se le puede sacar mucho más partido, mucho pasotismo en las clases? Todos tienen tareas pendientes. La Consejería de Educación, generando políticas que den mayor estabilidad al sector y haciendo un mayor esfuerzo en la atención a la diversidad, que al fin y al cabo es lo que puede dar singularidad, por la vía de la excelencia, a un sistema que tiene vocación de universalidad pero que se queda a medias.

l Pensando en el próximo curso. Diversidad es una palabra de futuro inmediato. Autonomía es otra. Los centros la necesitan, cuanto más, mejor. La propia Consejería de Educación la necesita para rebajar su dependencia en relación con otros estamentos administrativos, léase Administraciones Públicas. Tras diversidad y autonomía, la tercera palabra para los próximos cuatro años es transparencia (incluido el diálogo).