Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, aseguró ayer que está «totalmente tranquilo» después de que el juez del «caso Marea» haya solicitado al Juzgado decano de Oviedo la apertura de un procedimiento para determinar si se han producido actuaciones ilegales por parte de personal adscrito a la institución académica. En concreto, el magistrado Ángel Sorando se refiere a las conversaciones mantenidas por un tal A. B. y «otros» de la Universidad, «por si están hablando de sobornos o de manipulación de contratos». El juez llama la atención sobre la siguiente frase: «Tengo la cuenta tuya para ti, estás en positivo, pero ya te la daré cuando esté por ahí». Según Gotor: «No tenemos nada que ocultar porque no se ha hecho nada ilegal».

La investigación sobre los supuestos sobornos en la Universidad es uno de los ocho nuevos procedimientos solicitados por el juez Sorando derivados del caso de supuesta corrupción en la Administración autonómica. Otro de ellos hace referencia a las conversaciones entre la funcionaria Marta Renedo, encarcelada en Villabona, y un tal «Juan Boni», en las que sale a relucir «Jorgito», que ha sido identificado en el sumario como el viceconsejero de Promoción Cultural, Jorge Fernández León. El tal Juan le dice a Marta Renedo: «Otros están por ahí montándolas muy gordas, mira Jorgito y tal, si no habrá montado cosas en treinta años que lleva». Después, añade que «Jorge les está tocando las narices a él y a M., que al parecer se lo quiere llevar al Niemeyer y hacerle un informe de por qué es necesario una filmoteca en Asturias y cómo se coordina con Niemeyer y la Laboral». Ni Fernández León ni la Consejería de Cultura hicieron ayer comentarios sobre el particular.

Por su lado, un portavoz del Ayuntamiento de Oviedo reiteró que no se produjeron irregularidades en los contratos para la construcción y la dotación de material del polideportivo Florida Arena, otro de los asuntos que Sorando pide investigar. En este caso, el juez entiende que, «al menos de momento», no hay datos suficientes para vincular esta actuación con el «caso Marea», pese a que, según apunta textualmente: «Hay conversaciones poco claras con un arquitecto (Mazoy) sobre un chanchullo que no concretan y que parece que planteaban hacer».

En el sumario de la «operación Marea» aparecen conversaciones en las que Víctor Manuel Muñiz, dueño de Igrafo e imputado en el proceso, habla con varias personas para hacerse con el contrato para equipar el polideportivo. En las grabaciones, un interlocutor le dice que hable con Jaime Reinares, diputado nacional y concejal del PP en Oviedo, porque «todos los trabajos pasan después» por él. Muñiz habla también con un tal M. El empresario le dice que «el proyectín» se lo encarguen a él «por detrás, sin que figure». M. le contesta: «Perfecto, no pasa nada». El PSOE asegura que M. es el arquitecto técnico José Antonio Mazoy, quien, a su juicio, «garantizó» al dueño de la firma Igrafo que podría «arreglar su contratín por detrás».