El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, aseguró ayer que la adaptación de la institución académica al nuevo espacio europeo de educación, conocido como «plan Bolonia», «no ha tenido ni tendrá» una incidencia negativa en la sostenibilidad del gasto regional. Gotor contestaba de esa manera al informe sobre las reacciones fiscales de las comunidades autónomas ante la crisis, reseñado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, cuyos autores citan la implantación del nuevo marco universitario, la ley de Dependencia y el rápido crecimiento del gasto sanitario como los principales retos para las finanzas regionales.

Gotor explicó que la Universidad de Oviedo lleva dos años implantando el «plan Bolonia» a «coste cero e, incluso negativo, contratando en algunas áreas y dejando de hacerlo en otras en las que no es necesario». Por tanto, y en lo que se refiere al ámbito asturiano, rechaza frontalmente que el nuevo marco europeo pueda ser considerado un riesgo para el saneamiento de las arcas del Principado, en un momento en el que las autonomías tienen que apretarse el cinturón para cumplir los objetivos de déficit que les impone la Consejería de Economía.

El profesor de Hacienda Pública y vicerrector de Planificación Económica de la Universidad, Santiago Álvarez, comparte la opinión de Gotor y se muestra taxativo al asegurar que el «plan Bolonia no ha supuesto una fuente de gasto para el sector público». Y es que, según indica, la adaptación al espacio europeo de la institución académica se está realizando de acuerdo «con exigentes criterios de austeridad».

La inclusión de la dependencia entre los factores de riesgo para la sostenibilidad del gasto público también motivó la reacción ayer de Jesús Iglesias, coordinador regional de IU, la formación que desde el Gobierno regional se ha encargado de gestionar esta prestación. A su juicio, para garantizar el mantenimiento del gasto público sin tocar la dependencia o la sanidad, que considera «incuestionables», es necesaria «una reforma fiscal justa y progresiva, que recaiga sobre las rentas elevadas y que permita que pague más quien más tenga». En lo que sí se mostró de acuerdo Iglesias con los autores del informe -Roberto Fernández Llera, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, y Eloy Morán, auditor del Consejo de Cuentas de Galicia- es en la propuesta de que los límites de deuda de cada autonomía se fijen de acuerdo con su grado de solvencia y de endeudamiento previos, favoreciendo a aquellas regiones en una situación más desahogada. «No veo lógico que Asturias, que ha cumplido con los objetivos de déficit, reciba el mismo trato que la Comunidad Valenciana», señaló el dirigente asturiano de la coalición.

Por su lado, y ante las amenazas detectadas por Fernández Llera y Morán, los economistas consultados ayer por este diario recetan «austeridad» y una mayor exigencia en la asignación de recursos para que los ajustes pendientes no afecten a servicios básicos como la sanidad. A este respecto, Miguel de la Fuente, decano del Colegio de Economistas, señala que el reto para que España pueda llegar a los objetivos de déficit impuestos por la UE está en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. A partir de ahí, defiende que se establezca un techo de gasto que evite un mayor endeudamiento y favorezca el saneamiento de las arcas públicas. De la Fuente destaca que Asturias ha logrado los objetivos de déficit y destaca que el Gobierno ha sido «muy austero» para conseguirlo, aunque no esconde que el futuro Ejecutivo tendrá que seguir ajustando durante los próximos años.

La visión de Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública, es muy similar a la de De la Fuente. La «austeridad» es el concepto clave de un discurso en el que también apunta que el próximo Ejecutivo regional, presumiblemente de Foro, tendrá que «seleccionar al máximo las partidas de gasto».