Oviedo, J. A. ARDURA
Las 44 liberaciones «institucionales», pactadas en 2005 entre el Principado y los sindicatos, suponen un coste anual para las arcas regionales de aproximadamente 1,5 millones de euros, según la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que defenderá su supresión en una reunión que tiene previsto mantener con el viceconsejero del Sector Público, Luis de la Vallina, en las próximas semanas.
La Administración asturiana cuenta con un total de 557 liberados sindicales (representantes sindicales que están «liberados» de trabajar para ocuparse de la defensa de los trabajadores). De ellos 513 corresponden por ley en función de las juntas de personal existentes dentro de la administración regional y otros 44 son el resultado de una negociación en 2005 entre el anterior gobierno regional, UGT, Comisiones Obreras y CEMSATSE «a fin de facilitar y promover la actividad sindical».
Mientras los responsables de UGT, CC OO y CEMSATSE defienden que el volumen de liberados sindicales de la Administración regional, mayor que el de Galicia y Cataluña, se ajusta a los límites legales, el discurso de la CSI, sindicato mayoritario en la junta de personal funcionario del Principado, es diametralmente opuesto. «Se trata de una estructura hinchada artificialmente para beneficio de algunos sindicatos. La CSI ha renunciado a los dos liberados institucionales que le correspondían en virtud de ese acuerdo porque estamos absolutamente en contra de la profesionalización del sindicalismo», manifestó Enrique López, secretario de organización de la CSI, que en la actualidad ocupa la presidencia de la junta de personal funcionario de la Administración regional.
