Oviedo, J. A. ARDURA

La Administración regional debe más de 376 millones de euros a sus proveedores autónomos, que ya han adelantado por esas facturas unos 24 millones de euros, según los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Los sindicatos mayoritarios en Asturias, UGT y CC OO, alertaron ayer que el aplazamiento y el retraso en esos pagos por parte del Principado y las denuncias que ha realizado el nuevo Gobierno regional, que tomó posesión a mediados de julio, sobre la situación de las finanzas regionales ponen en duda la fiabilidad de Asturias ante las agencias de calificación, que recientemente han rebajado la nota de cinco comunidades autónomas. La nota del Principado está pendiente de revisión. La situación ha llevado al Principado a cerrar el grifo del dinero a las empresas del sector público, que en muchos casos sólo pagan las nóminas.

El Principado debía, a fecha del pasado 31 de julio, 376,04 millones de euros a los autónomos y microempresas, según divulgó la ATA, cuyos datos sitúan a Asturias como la cuarta autonomía con menor deuda, sólo por debajo de La Rioja (74 millones), Navarra (164,8 millones) y Cantabria (206,4 millones). El nuevo Gobierno regional, que tomó posesión a mediados de julio, reveló apenas dos semanas después que se había encontrado 211 millones de «deuda oculta» en las arcas regionales. El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, precisó que se trataba de facturas que no habían sido incluidas en la contabilidad, la mayoría correspondientes al ámbito de la sanidad. Y la pasada semana, el Gobierno regional confirmó que el Principado sobrepasó el techo de déficit, tanto a 31 de diciembre de 2010 como en el primer semestre de 2011, situación que, según Cascos, obligará a un recorte de 147 millones de euros.

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, advirtieron ayer del riesgo que entrañan esas situaciones para la emisión de deuda del Principado y, sobre todo, para las notas que periódicamente emiten las agencias de calificación. «El Gobierno regional está haciendo una jugada peligrosa al sobredimensionar una inexistente realidad en función del déficit», valoró el secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Pino. «Se está agravando la situación y las agencias de calificación están muy pendientes», advirtió el dirigente de Comisiones Obreras. Un mensaje que también suscribió el secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga. «Cada posición que tiene el Gobierno genera un efecto positivo o negativo; se había marcado una línea de pagos que daba una cierta credibilidad, ahora se manda el mensaje contrario, que tiene consecuencias en los intereses que se pagan por la deuda y en los trabajadores o empresas proveedoras. Hasta ahora los problemas no eran graves», manifestó Rodríguez Braga en un receso de la reunión que mantuvieron ayer en Oviedo las ejecutivas de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO.

El secretario general de UGT se refería con esas palabras, sin hacer mención expresa, a la situación por la que atraviesan actualmente empresas proveedoras de los entes y empresas públicas del Principado. El Gobierno regional ha decidido reducir sus transferencias a esas entidades al pago de las nóminas del personal. Es decir, los entes, fundaciones y empresas públicas dependientes de la Administración regional no están pagando a sus respectivos proveedores desde el pasado mes de julio, por lo que ya tienen pendiente el cobro de dos mensualidades cumplidas. Y en el caso de alguna sociedad incluso ha tenido que solicitar el pago de las nóminas de su personal, según confirmaron fuentes de la Administración regional.

Por otra parte, ambas centrales rebajaron las expectativas sobre el salario joven, cuya puesta en marcha está prevista para diciembre, según anunció el consejero de Economía, José Manuel Rivero. «Esa actuación ya está en el ACEBA. Los contratos de formación y trabajo son equiparables a los de formación dual. En 2010 se han suscrito 177 contratos, subvencionados con 2.438 euros cada uno para un total de 431.000 euros y 540 contratos más en prácticas, con una subvención de 2.600 euros para cada uno por un total de un millón de euros», precisó Braga. «Valoramos en su justa medida esta iniciativa del Gobierno regional. Nos parece muy bien, pero los empresarios no están tirando de estas medidas. Los gobiernos deberían emplazar a las empresas a arrimar el hombro en este momento de crisis», destacó el dirigente ugetista. Su homólogo de CC OO fue más crítico con el denominado salario joven, una de las propuestas estrella del partido de Álvarez-Cascos en la campaña electoral de las autonómicas. «En un escenario de crisis se vende algo que ya existe. En el ACEBA hay becas y subvenciones para contratos temporales e indefinidos, pero no funcionan por la falta de compromiso de los sectores empresariales», planteó Pino.

UGT y CC OO acordaron ayer exigir «más agilidad» al Gobierno de Cascos, con quien se entrevistaron el pasado mes de agosto. Braga y Pino emplazaron al presidente del Principado a cumplir su compromiso de licitar los 530 millones de euros aún pendientes de la concertación social, que concluye este año. «La valoración de que no se hayan agilizado ya esas licitaciones no puede ser más negativa. El compromiso por ahora no se corresponde con la realidad. Hasta ahora están mirando más hacia las cuentas que hacia la inversión», reprochó el secretario general de UGT. «El Gobierno tiene que gobernar. Asturias no puede esperar por intereses partidistas a lo que acontezca el 20-N», reprochó Pino.

Oviedo

Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, están a la espera de que el Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos les traslade las «líneas maestras» de la nueva concertación social para el período 2012-2015. «El Gobierno debe trasladar a los asturianos esas líneas. Tiene la obligación de decirlo y nosotros el derecho a saberlo. No se puede esperar al 20-N», valoró el secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga. «La referencia son las líneas del ACEBA», manifestó el dirigente sindical, que confirmó que a principios de octubre tendrá lugar una comisión de seguimiento del actual acuerdo de concertación, que vence el próximo mes de diciembre.