Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
La cancelación de 11,3 millones de euros de las transferencias directas del Principado a la RTPA previstas para lo que resta de año deja al ente autonómico de comunicación en una situación crítica y pone en riesgo en torno a 700 empleos, entre directos e indirectos. El mayor «tijeretazo» al sector público autonómico desde que comenzó la crisis, criticado ayer al unísono desde la oposición, implica el «cese en un porcentaje muy alto de las emisiones» de los dos canales de televisión y de la emisora de radio del Principado en unas semanas, según fuentes de la empresa.
La RTPA, que dispone de un presupuesto anual de 35,2 millones de euros, el segundo más bajo de la red nacional de televisiones autonómicas, cuenta ahora con cerca de 90 trabajadores en plantilla. Además, tiene suscritos contratos con 58 empresas, que suman unos 600 empleados en total. La mayoría son firmas asturianas de pequeño y mediano tamaño, que quedan ahora en una situación comprometida.
El director general del ente público, Juan José Guerenabarrena, confirmó ayer mismo que la situación es «gravísima». Según explicó, el Gobierno ya no abonó a la RTPA parte de la transferencia correspondiente al mes de agosto, en septiembre no llegó ni el dinero para pagar las nóminas y el anuncio de Cascos de ayer supone que vaya a dejar de ingresar 11,3 de los más de 13 millones que tendría que percibir hasta diciembre. «Esto tendrá consecuencias y, seguramente, supondrá el cese parcial, pero con un porcentaje muy alto, de las emisiones», señaló Guerenabarrena. Y es que, según añadió, «las empresas van a dejar de proveernos, con toda probabilidad, porque no cobran y, además, ahora se les anuncia que no van a cobrar».
La dirección de la RTPA está estudiando la situación «con más detalle» y ha convocado una reunión de «emergencia» del consejo de administración para las cinco de la tarde del jueves. «Ahí se establecerá la pauta a seguir para tratar de reconducir esta gravísima situación», señaló Guerenabarrena.
El contundente recorte anunciado ayer por Cascos conlleva la asfixia económica para la RTPA, que en tal situación se ve abocada al cierre. Sin embargo, para la disolución del ente es necesaria una modificación de la ley autonómica que aprobó la Junta en 2003 para su puesta en marcha. Foro Asturias (FAC) está dispuesto a abrir una negociación al respecto, dado que no cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante por sí solo ese cambio. Pero el apoyo de la oposición parece complicado. PSOE e IU son firmes defensores del ente y el PP no comulga con el proceder del Ejecutivo en este asunto. La portavoz parlamentaria popular, Isabel Pérez-Espinosa, ya censuró ayer «las formas» empleadas por Álvarez-Cascos, al que acusó de poner «en grave riesgo los puestos de trabajo de más de 700 personas» y le afeó que «trate de responsabilizar al Parlamento regional de un futuro cierre cuando él será el único responsable».
Por su lado, el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, calificó la cancelación de las transferencias al ente de comunicación de «ataque directo y contundente al empleo joven». A su juicio, la medida «confirma la asfixia deliberada a las empresas públicas» del Principado por parte del Gobierno y, sobre todo, a una televisión que, según dijo, «no es sólo lo que ven los ciudadanos en casa, sino un sector económico audiovisual que está despegando en Asturias, que compromete empleo y que compromete actividad económica y modernización».
Gaspar Llamazares, cabeza de cartel de Izquierda Unida (IU) de Asturias para las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, también lamentó el «efecto negativo» que puede tener este recorte sobre el empleo. Además, acusó al Ejecutivo de Álvarez-Cascos de actuar en este caso por un «prejuicio claro hacia la televisión autonómica, a la que deja ahogada».
