El consejero de Agroganadería del Principado, Albano Longo, ha defendido hoy la necesidad de que comunidades autónomas, Estado y organizaciones agrarias actúen unidos para rechazar la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) que considera perjudicial para Asturias aún sin poder cuantificar las ayudas que perdería el sector primario regional.
En rueda de prensa, Longo, que ya ha mantenido contactos con el Ministerio y con las asociaciones profesionales del Principado, ha recordado que Asturias percibe unos 85 millones de euros anuales de ayudas de las que 60 son subvenciones directas de la UE y el resto cofinanciadas por el Principado y el Estado para desarrollo rural.
El proyecto de reforma de la PAC planteado por la Comisión Europea (CE) plantea un cambio en el reparto de subvenciones al sustituir los criterios actuales por una ayuda uniforme por superficie para todos los países así como la intención de hacer más ecológicas las ayudas, con un consiguiente incremento de las exigencias para el productor.
Así, Bruselas plantea que un 30 por ciento de los pagos directos se otorgue a aquellos agricultores o ganaderos que presten ciertos "servicios ambientales", como el barbecho obligatorio para un porcentaje de la tierra, el mantenimiento de pasto permanente o la rotación de cultivos.
Para el consejero asturiano, de cara a las negociaciones que se desarrollarán durante el próximo año y medio -la futura PAC tendría vigencia entre 2014 y 2020- resulta "imprescindible" que España se presente ante la UE con una postura "unánime" de rechazo y con un criterio común en defensa de los intereses del conjunto del país.
En el caso de Asturias, y a pesar de que el documento conocido hasta ahora es demasiado "genérico" lo que impide hacer estimaciones de qué porcentaje de ayudas se perderían, la postura de España debería incorporar criterios que permitan mantener al menos las ayudas que hasta ahora recibe el 85 por ciento del territorio regional al estar catalogado como zona de montaña.
Asimismo, ha incidido en que ha trasladado ya al Ministerio su demanda de que España reclame la continuidad del sistema de cuotas lácteas, cuya desaparición está prevista para 2014, dado que su supresión se planteó en un momento de crisis económica como el actual, agravada para el sector primario por el constante incremento de los precios de las materias primas desde 2008.
Para Longo, las características del sector agrícola y ganadero asturiano le permiten cumplir ya en la actualidad los nuevos requisitos de protección medioambiental que plantea exigir la CE lo que hace necesario que se sigan pagando las ayudas que recibían hasta ahora también por su labor como "jardineros del paisaje".
Asturias también planteará que se modifiquen los criterios para definir al denominado 'agricultor activo' que, según la CE, debe ser aquel que, al margen de las subvenciones, obtenga de la actividad agraria el 5 por ciento de sus ingresos, porcentaje que Longo considera que debería aumentar hasta el 25 por ciento.
La PAC es la política que más dinero absorbe del presupuesto comunitario, con más de 56.000 millones anuales, y España es el segundo país más beneficiado, con 7.038 millones, según datos de 2010.
De acuerdo con algunas estimaciones, de aplicarse la reforma planteada por la Comisión Europea, España podría perder entre el 10 y el 20 por ciento de las ayudas que viene percibiendo hasta ahora. EFE
