Oviedo, L. Á. VEGA
El presidente regional, Francisco Álvarez-Cascos, aseguró ayer, durante la apertura del año judicial, que no recortará en materia de justicia y que intentará resolver el problema de las sedes judiciales asturianas, sobre todo en Oviedo. Cascos se comprometió a agrupar las actuales siete sedes judiciales de la capital del Principado, aunque no garantizó que se vaya a realizar un nuevo palacio judicial, como reclama la judicatura. «No hay una única fórmula, hay que conjugar las posibilidades de recuperar y reutilizar recursos. Los juzgados de Oviedo podrán estar en uno o varios lugares», indicó el presidente al final de su discurso.
También planteó la necesidad de reordenar el mapa con 18 partidos judiciales que hay en Asturias, dado que el actual es «obsoleto». Este nuevo diseño corresponde al Gobierno central, pero Cascos apuntó que es necesario concentrar sedes para optimizar recursos. «Estamos a la cabeza de España en la proporción de jueces y secretarios por habitante; y en un segundo lugar, sólo por detrás de Canarias, en la de funcionarios. A pesar de todo, el actual sistema sigue siendo deficitario o insuficiente», indicó.
Álvarez-Cascos llamó la atención sobre «la falta de seguridad en alguna de las sedes judiciales» asturianas. «Para paliar esta situación hemos implicado a la Consejería de la Presidencia en el estudio del problema y sus soluciones, aplicando el convenio suscrito y vigente entre el Principado y el Ministerio del Interior, para que, por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se lleve a cabo este servicio». De esta forma, Policía y Guardia Civil volverán a encargarse de la seguridad de sedes judiciales, un servicio que se suprimió en 2004.
El acto de ayer no fue como el de otros años. Las ausencias fueron sonoras. En primer lugar, la del fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, de viaje, sustituido por la teniente fiscal Belén del Valle. Tampoco estuvieron presentes, por primera vez en varios años, los vocales correspondientes a Asturias del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Almenar y Ramón Camp, que debían participar en un pleno del órgano de gobierno judicial.
Belén del Valle fue clara respecto a las necesidades de la fiscalía. «Podemos conformarnos con los medios actuales, no con menos. Y en el futuro, con la reforma del procedimiento criminal, necesitaremos muchos más medios», indicó. Y pidió que los ajustes no se conviertan en renuncias. Del Valle indicó que es urgente crear una unidad de apoyo al ministerio fiscal, como ocurre en otras regiones, que le permitiría contar con más funcionarios.
