La oposición se une para impedir que el Gobierno reordene a su gusto el sector público

Los tres grupos parlamentarios de la oposición han decidido unirse para tratar de poner límites y controlar al Gobierno regional en la reordenación del sector público del Principado y en la ejecución del Presupuesto regional de este año. El PSOE, el PP e IU pretenden tramitar en el Parlamento asturiano una proposición de ley que daría marcha atrás a la disposición, incluida en la ley de Acompañamiento del presupuesto regional para 2011, que abría la puerta a la reestructuración del sector público empresarial del Principado y que fue pactada hace poco más de un año por los socios del Gobierno bipartito de Vicente Álvarez Areces. Esta alianza de la oposición en la Junta General es, a juicio de Francisco Álvarez-Cascos, la prueba de que «la anormalidad sigue instalada en la vida política del Principado». El Presidente acusó a socialistas y populares de «no querer gobernar y, al mismo tiempo, impedir que Foro gobierne».

El PSOE e IU incluyeron en los Presupuestos regionales de este año una disposición adicional para la reorganización del sector público empresarial del Principado, que afectaba a diecisiete empresas. Aquella norma permitía al Gobierno regional «la realización de todos aquellos actos necesarios para reorganizar el sector público autonómico». Hasta la aprobación de esa disposición, la competencia para actuar sobre el sector autonómico correspondía al Parlamento regional. Ahora los socios del antiguo bipartito quieren dar marcha atrás a esa norma, «deslegalizarla», según plantearon ayer, «por el mal uso» hecho de ella por el Gobierno regional.

El portavoz del PSOE en la Junta, Fernando Lastra, argumentó que la iniciativa tenía como objeto «poder cumplir con mayor agilidad los compromisos para reducir el gasto público alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera» pero, puntualizó, el Gobierno de Foro ha vulnerado el espíritu de la norma porque «no está actuando en las empresas donde tenía facultad para hacerlo y sí donde no las tenía», dijo para mencionar, acto seguido, «la asfixia» a la que está sometiendo al ente público de comunicación, la RTPA. «Esa facultad debe volver al Parlamento», defendió el portavoz socialista, quien sostuvo que la aprobación de la proposición de ley, pactada por PSOE, PP e IU «dejará sin efecto» el acuerdo adoptado por el Gobierno de Cascos el pasado 4 de octubre, sobre las medidas para recortar 156,8 millones del presupuesto regional. Lastra llegó a afirmar que la aprobación de esta proposición de ley tendrá carácter retroactivo sobre el ajuste de Foro. «Deberán sustituirlas por otro plan (...) Se trata de recuperar aquellos créditos, especialmente a aquellos entes públicos que se vieron afectados y que se financian fundamentalmente de la ley de Presupuestos», dijo Lastra, quien matizó que esta propuesta «no impide al Gobierno» reordenar el sector público, ni poner limitaciones al gasto público, pero deberá hacerlo a través de la Cámara. «El Gobierno tendrá que traerlo a discusión con el resto de fuerzas políticas; ¿Que quiere vender Sedes? Muy bien, pero que venga por aquí. La mayoría parlamentaria determinará lo que se hace».

El coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias, afirmó que «la deslegalización» aprobada a finales de 2010 «tenía el respaldo de un Gobierno mayoritario en la Cámara, una realidad que ya no existe porque el Gobierno está en minoría».

Isabel Pérez-Espinosa sostuvo que el PP siempre se opuso a la «deslegalización», aprobada en los Presupuestos de 2011, a los que presentó «una enmienda de totalidad porque no nos parecía bien que se quitara esa restricción hacia las actuaciones sobre el sector público, y el tiempo nos ha dado la razón» y recalcó que el Gobierno «debe someterse al control del Parlamento regional».

El presidente regional, Francisco Álvarez-Cascos, respondió que la alianza de la oposición «no es ninguna novedad» en Asturias. «La anormalidad sigue instalada en la vida política del Principado», declaró en una entrevista radiofónica. «Vivimos desde hace mucho tiempo una situación anómala en la que el PSOE y el PP forman una entente cordial, en la que se repartían responsabilidades en el Ayuntamiento de Oviedo y en el Principado», dijo Cascos. Para el Presidente, «el PSOE y el PP no quieren gobernar y, al mismo tiempo, quieren impedir a Foro que gobierne» y acusó a socialistas y populares de «cometer un acto de hipocresía política» porque «no se puede llevar a la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria y oponerse en la Junta General a que lo cumpla el Gobierno del Principado».