El PSOE afirma que el Gobierno no puede recurrir la decisión de la Mesa de la Junta

«Es un despropósito, una iniciativa descabellada». El portavoz del Grupo parlamentario Socialista en la Junta General, Fernando Lastra, no ahorra calificativos para describir la intención del Gobierno regional, de Foro Asturias, de llevar ante el Tribunal Constitucional la ley promovida por los tres grupos de la oposición (PSOE, PP e IU) para que el Parlamento asturiano recupere el control sobre el ajuste y la reorganización del sector público empresarial del Principado, cedido durante la legislatura anterior. Según Lastra, «ningún Gobierno democrático» tiene la potestad de recurrir una decisión de la Mesa del Parlamento. «Y para ir al Constitucional antes tendrán que esperar a que se apruebe la ley», añade.

Para Lastra, la intención del Gobierno, anunciada tras perder en la Junta las dos votaciones sobre el recorte del sector público, «no es un error, sino un intento deliberado e intencionado de confundir a la opinión pública». Entre otras cuestiones, el Ejecutivo que lidera Francisco Álvarez-Cascos acusaba a los tres grupos de la oposición de abusar de la urgencia en la tramitación de la nueva norma para reducir su plazo de respuesta.

Según Lastra, «el plazo concedido es el correcto», al haberse tramitado por vía del artículo 120 del Reglamento de la Junta, reservado para casos excepcionales, en los que el plazo es el que se decida establecer. «Creo que para las empresas que pueden cerrar y para los trabajadores que no cobran el caso es realmente excepcional», apostilló. El Grupo parlamentario Popular declinó ayer hacer declaraciones sobre la intención del Gobierno. Tampoco Izquierda Unida, al haber quedado fuera de la Mesa de la Junta en la constitución del Parlamento.

En el mismo comunicado, el Gobierno del Principado afirmaba que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) había denegado la existencia de una situación «de especial urgencia» en el recorte de las transferencias al ente público de comunicación, la RTPA, para reforzar la tesis del Ejecutivo regional sobre el incumplimiento de los plazos. «Nosotros no hemos presentado ningún contencioso», sentenció Lastra, «ha recurrido a ella el propio ente público. Simplemente le dicen que no le conceden la medida que solicitó -cautelarísima-, y le conceden la cautelar, no tiene que ver con el fondo del asunto», añadió.