La familia del preso que murió en Villabona cuestiona el sistema de grabación de seguridad

Oviedo, Félix VALLINA
Las grabaciones aportadas al Juzgado por los responsables de la cárcel de Villabona como prueba visual de lo ocurrido el día de la brutal pelea en la que perdió la vida J. P. A., un interno de Castrillón, «están totalmente pixeladas». Eso es lo que sostiene la abogada de la familia del fallecido, Concepción Trabado, que considera «lamentable» y «sorprendente» que un centro penitenciario «que se supone vigilado» cuente exclusivamente con unas imágenes «en las que sólo se ven unas siluetas y no se distingue nada más». Trabado fue más allá: «No soy experta en seguridad, pero pienso que los sistemas deberían ofrecer al menos imágenes nítidas. En caso contrario cualquiera podría cometer un delito sin que quede constancia en las cámaras», subrayó.

El castrillonense J. P. A. murió la tarde del pasado 11 de noviembre tras enfrentarse con otro preso -J. B. K., un marroquí de 29 años afincado en Gijón- en el patio del módulo 8 de Villabona. En ese momento había otros 136 internos en ese mismo espacio y varios de ellos, según fuentes ligadas al centro penitenciario, aseguraron que la paliza fue de tal calibre «que no lo habían visto ni en las películas». J. P. A., que ya había protagonizado otro incidente violento con su presunto agresor en un bar de Gijón en 2003 (supuestamente ese día J. B. K. resultó herido por arma blanca), no pudo sobrevivir a los golpes.

La letrada que representa a la familia del preso fallecido ya había cargado anteriormente contra los sistemas de seguridad de Villabona. No en vano, Concepción Trabado aseguró en su día que en el patio del módulo número 8 de la prisión no había ningún funcionario de vigilancia la tarde de la reyerta. También dejó claro que J. P. A. no debería haber ingresado en la cárcel a causa de la enfermedad mental que padecía y que, una vez dentro, al menos tendría que haber permanecido en la enfermería.

La fase de instrucción del juicio comenzará mañana en Oviedo con las declaraciones, entre otros, de algunos de los funcionarios del módulo en el que ocurrieron los hechos y de varios internos en calidad de testigos. Quien no va a hacerlo, según el abogado Washington Jesús Villaverde, es el acusado. El letrado que lo representa asegura que «aún se encuentra muy afectado» y que «no se encuentra en condiciones» para ofrecer su versión de los hechos.

No obstante, y a pesar de que «está muy arrepentido», el abogado de J. B. K. asegura que su defendido «se considera una víctima» porque «la desafortunada situación se produjo tras un encuentro totalmente fortuito en el módulo» y, según el abogado, «él no había planeado nada que pueda calificarse como un ajuste de cuentas». Además, J. B. K. considera que la dirección de la cárcel no debería haber tomado la decisión de cambiarle de módulo -un traslado que se efectuó dos días antes de la reyerta- porque en el módulo 9 no tuvo problemas con ningún otro recluso, como aseguran desde el centro penitenciario. «Ahora se le ha caído el mundo encima. Dice que estaba muy tranquilo y que le quedaban tres años de prisión, pero que esto le ha hundido», subrayó Villaverde.