Oviedo, J. A. O.
La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) afronta la semana que viene otra relevante cita judicial. El próximo martes sienta en el banquillo, por un presunto delito de prevaricación continuada administrativa, a la ex concejala de Consumo del Ayuntamiento de Oviedo Concepción García (PP) y al director de la Oficina Municipal de Consumo (OMIC), Alejandro Álvarez. Según Dacio Alonso, se trata de «un juicio a todo un modelo de gestión del Ayuntamiento». El colectivo de consumidores acusa a Concepción García y a Alejandro Álvarez de archivar sistemáticamente las denuncias presentadas por esta organización en el Consistorio. El juicio tendrá lugar en la sección tercera de la Audiencia Provincial los próximos días 13, 14 y 15. «Será la primera vez que se juzguen temas de consumo en el ámbito penal», destacó Alonso. A la hora de valorar la vista que se inicia el martes, el presidente de la UCE subrayó que el «Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dicho que Oviedo se ha convertido en ciudad de refugio de proveedores de bienes y servicios que saben que, hagan lo que hagan, su Ayuntamiento nunca le va a sancionar».
Los consumidores
La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) se ampara en una ley aprobada en 2006 para animar a todos los ciudadanos que hayan comprado una vivienda en Asturias entre 1997 y 2007 a que reclamen a las promotoras o constructoras la devolución del impuesto de plusvalía.
El colectivo que preside Dacio Alonso estima que en Asturias tienen derecho a esta devolución unas 100.000 personas. En total, serían cien millones de euros la cantidad que las empresas habrían ingresado por este concepto.
La UCE asegura que la Audiencia ya ha emitido más de 500 sentencias a favor de los ciudadanos que reclaman la devolución de la plusvalía. De media, son entre 900 y 1.000 para los compradores de una vivienda en Oviedo, de 800 a 900 en Gijón y de 700 a 800 en Avilés, siempre según los datos de los consumidores.
Los constructores
La patronal de la construcción (CAC Asprocon) estima que las campañas del colectivo de consumidores, como la de las plusvalías, incluyen calumnias y descalificaciones a las empresas asturianas del sector. Así, cita, como ejemplo, las expresiones «obligaron a pagar», «impusieron» o «abusivo».
En este escenario, la patronal que preside Serafín Abilio Martínez presentó una demanda judicial en la que pide la nulidad de todos los acuerdos adoptados por la UCE desde 2004 y hasta la disolución y liquidación de la asociación. Se basa en una supuesta irregularidad en los estatutos.
El colectivo empresarial de constructores sostiene que la UCE no actualizó sus estatutos a las exigencias de democratización del funcionamiento interno de las asociaciones, que están incluidas en la ley de 2002 reguladora del derecho de asociación.
