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Curso acelerado para el señor Rosell

Sobre el recorte propuesto por la CEOE

 04:10  
Curso acelerado para el señor Rosell
Curso acelerado para el señor Rosell  

IGNACIO ARIAS LETRADO El señor Rosell, que se está ganando a pulso el apodo de «el amigo de los funcionarios», de nuevo vuelve a la carga -nunca mejor dicho en este caso- con la pretensión de «cargarse» de un plumazo la nada despreciable cifra de 900.000 ídem. Eso sí, valga en su descargo que no sugiere hacerlo por métodos expeditivos (gaseándolos, vendiéndolos como esclavos, deportándolos o similares), sino por el más sofisticado sistema de mandarlos al paro.


El problema del señor Rosell es que habla de lo que no sabe y en su discurso demagógico y populachero se percibe un desconocimiento supino de la realidad de la administración pública que es conveniente clarificarle a través de este curso acelerado de aprendizaje. Aunque, sinceramente, no albergamos grandes esperanzas de éxito.


Vamos ya con el curso. Señor Rosell, funcionarios no son todos los que cobran una nómina pública. Este noble término queda reservado para una parte de los que perciben sus emolumentos del presupuesto. No voy a aturdirlo con definiciones jurídicas que le puedan complicar el entendimiento, pero creo que es obligado matizarle que funcionarios son sólo aquellos que, tras aprobar unas duras y competitivas pruebas selectivas, se integran en la administración con carácter definitivo y desempeñan los puestos de trabajo vinculados a su funcionamiento tradicional y ordinario. A los funcionarios de más alto nivel se les reservan las tareas de ejercicio de autoridad, fe pública, asesoramiento legal y económico, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, contabilidad, tesorería y similares. Hay juristas, pero también hay médicos, arquitectos, ingenieros...


Junto a ellos, aunque de distinta condición, no sólo por las pruebas de acceso, sino por su régimen jurídico, se encuentra el personal laboral que atiende todas aquellas parcelas de la administración no reservadas al personal funcionario, pero que también forman parte de esa actividad ordinaria.


Sería entendible que un profano confundiera y mezclara, por tanto, al personal funcionario y al personal laboral, y utilizara el término «funcionarios» para referirse a ambos. Pero en su discurso el error es mucho mayor al computar como funcionarios públicos a otro personal que ni es acreedor de este calificativo ni tampoco del de personal laboral de la administración, como son los eventuales y el personal que presta servicio en órganos, entes y empresas del sector público, tanto autonómico como estatal.


Este tipo de personal no puede sumar a la hora de calcular el número de funcionarios, porque no lo son. En el caso de los eventuales, porque ni surgen de una necesidad de la administración, ni son su personal, ni le prestan servicio, sino que son empleados de confianza de la clase política para la que trabajan y con la que cesan, sin perjuicio de que se les aplique, con matices, el régimen de los funcionarios y cobren del presupuesto público. Hasta tal punto es cierta esta afirmación que ni siquiera pueden intervenir en los procedimientos administrativos so pena de viciarlos de nulidad. A este tipo de personal pertenecen los jefes de gabinete, asesores, asesores de imagen, jefes de prensa, asistentes, etcétera.


Por lo que se refiere al sector público, los efectivos que prestan servicio en el mismo no son personal de la administración, aunque también cobren de los presupuestos.


Quizá no le falta razón cuando se queja del crecimiento desmesurado de este sector, ¡pero qué culpa tienen los funcionarios de tal circunstancia! Las decisiones en este ámbito son políticas y en ellas no intervienen los funcionarios. No se inscriba usted en la línea patrocinada recientemente por una concejala de un ayuntamiento asturiano que proclamaba, sin rubor, que los políticos están únicamente para firmar lo que dicen los técnicos. Nada más lejos de la realidad. La creación de un ente público es una decisión puramente política, limitándose la intervención técnica a informar sobre el procedimiento.


Ciertamente, el sector público se ha ido dotando de medios personales de un modo quizá desmedido, sin demasiado control y, además, ha reproducido a escala el modelo de la administración, siendo raro el ente que no cuenta con gerente, jefe del servicio jurídico, jefe de contabilidad, jefe de intervención, jefe de proyectos, jefe de personal, jefe de... Algunos incorporan, también, algún auxiliar administrativo. El sistema de ingreso de este personal no supera en algunos casos los filtros de mérito y capacidad exigibles constitucionalmente, pero ¿qué reproches se les puede hacer por ello a los funcionarios? Creo que toda esta inquina de la que está impregnado su discurso se resolvería documentándose. No es difícil entender estos matices y creo firmemente que es tarea a su alcance.


Estoy seguro de que si es capaz de distinguir, de un lado, entre funcionarios y personal laboral de la administración ordinaria y, de otro, entre eventuales y personal del sector público, y hacer de nuevo la suma de esos 900.000 efectivos con los que pretende acabar, llegará a la conclusión de que funcionarios, funcionarios, no sobra ninguno.


Además -y lo he dejado para el final por su rotundidad- hay un dato que cercena su pretensión de enviar a este colectivo a la cola del paro: los funcionarios son los únicos «empleados públicos» que no cotizan al desempleo. Sí lo hacen, por el contrario, el personal laboral, los eventuales y el personal del sector público. Hasta tal punto el sistema considera a los funcionarios parte del mismo que ni siquiera ha previsto la posibilidad de que puedan engrosar la triste y demasiado extensa lista del desempleo. Es más, si por sanción disciplinaria se les separara del servicio, no tendrían derecho a percibir prestación alguna. El sistema los ha configurado -parafraseando a Aristóteles- como «soldados de la legalidad». Su inamovilidad no es un privilegio, no es una prerrogativa exorbitante, sino una garantía y una conquista del Estado de derecho. Señor Rosell, en el monte, además de otras hierbas, también hay orégano.

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