Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
El Gobierno de Cascos -aunque con recortes relevantes como los previstos para la RTPA- mantiene en su proyecto presupuestario para 2012 el diseño de sector público heredado de Álvarez Areces. No obstante, en el caso de que logre los apoyos necesarios para sacar el texto adelante sin modificaciones, la ley de acompañamiento abre la puerta a que pueda reducir o reorganizar por su cuenta los organismos y entes públicos, en cualquier momento y sin necesidad del respaldo de la Junta General. Esta opción fue rechaza por todos los grupos de la oposición en el Parlamento hace escasas fechas.
El documento, que fue remitido el miércoles al Parlamento, devuelve al Ejecutivo la competencia sobre la ejecución presupuestaria y el libramiento de fondos a los entes dependientes de la Administración autonómica. De esta forma, deja sin efecto el proyecto de ley consensuado por los tres grupos de la oposición (PSOE, PP e IU) para que las decisiones sobre los recortes se consensúen en la Junta.
La reestructuración del sector público -incluyendo la enajenación de la RTPA o la venta de la empresa Sedes- fue uno de los principales compromisos adquiridos por el líder de Foro Asturias (FAC), tanto en la campaña para las elecciones de mayo como en el discurso de investidura del pasado julio. Al final de la pasada legislatura, y tras un espectacular crecimiento bajo los ejecutivos socialistas, este sector, con unos dos mil empleados, ya movía unos 450 millones de euros al año y arrastraba una deuda cercana a los 275 millones, según los órganos de control económico.
Los organismos y entes públicos del Principado generarán en 2012 unas necesidades de financiación de 40,5 millones de euros, a las que el Ejecutivo tiene previsto hacer frente con unas operaciones financieras que no detalla en la documentación facilitada a los medios en el acto de presentación de las cuentas. El gasto corriente será de 1.773 millones de euros, de los que algo más de 857 corresponden al personal. Los ingresos corrientes, basados sobre todo en transferencias, se estiman en 1.771 millones, con lo que se generará un desfase de 2,2 millones. Por lo que se refiere a operaciones de capital, se prevén 127 millones de ingresos y gastos por valor de 166 millones, incluyendo seis inversiones que suman 76,6 millones.
De cara al año que viene, el Principado no sólo reduce notablemente su aportación al ente público de comunicación. La Junta de Saneamiento baja su asignación de 155 a 83 millones y también caen las partidas para el ente de servicios tributarios y para el de empleo, que tendrá que funcionar con diez millones menos. La Orquesta Sinfónica de Asturias, el Centro Regional de Bellas Artes, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), el Consejo Económico y Social o el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) son otros departamentos que ven mermados los créditos del Principado para financiar su actividad. Sin embargo, el presupuesto del Servicio de Salud (Sespa) de Asturias crece de 1.476 a 1.573 millones de euros, y el de Establecimientos Residenciales para Ancianos hace lo propio de 120 a 122 millones de euros.
En su discurso de investidura del 12 de julio, Cascos se comprometió a «suprimir» o «enajenar» aquellos «organismos, entidades, fundaciones y empresas públicas que no descansen en la racionalidad económica o administrativa». Y es que, a su juicio, «el sector público empresarial ha crecido de forma descomunal en los últimos años a través de múltiples organismos, empresas y fundaciones abiertos a la discrecionalidad, al amiguismo y al gasto descontrolado». Muchas administraciones autonómicas españolas ya han metido tijera en sus empresas públicas. En Asturias, los expertos también vienen aconsejando una reestructuración a fondo. Es el caso del Consejo Económico y Social (CES), que planteó el desarrollo de una ley que permita reorganizar el sector y dar más protagonismo al Parlamento en ese proceso.