«No nos parece que éste sea un Presupuesto diseñado para salir de la crisis, sino más bien para persistir en ella». Es el duro diagnóstico que la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), por boca de su secretario general, Alberto González, hace sobre el proyecto de Presupuestos regionales para 2012, que ayer comenzó su tramitación en la Junta General del Principado. Por el antiguo salón de plenos del Parlamento asturiano pasaron a lo largo de la mañana, además de la patronal, responsables de los principales sindicatos en Asturias, de las fundaciones y asociaciones de atención a personas con discapacidad, de la Universidad de Oviedo, de la Sindicatura de Cuentas y la Procuraduría... Y la inmensa mayoría de ellos coincidió al afirmar no sólo que el proyecto no era el más adecuado para la actual situación de crisis, al relegar las inversiones y no frenar el gasto corriente, sino que su previsión de ingresos distaba mucho de la realidad. El nuevo Presupuesto, dicen, traerá más crisis.

La primera jornada de comparecencias informativas sobre las cuentas regionales, que terminarán el próximo viernes, día 20, comenzó a las nueve de la mañana con el Síndico Mayor, Avelino Viejo. Su intervención duró poco más de cinco minutos. El tiempo suficiente para explicar que el Presupuesto previsto para el órgano fiscalizador durante el próximo ejercicio es de 3,3 millones de euros, un 4,11 por ciento menos que el año pasado.

Más o menos el mismo tiempo duró la intervención de la Procuradora General del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso. De aprobarse, este organismo recibirá 1,62 millones de euros del nuevo Presupuesto, casi un 30 por ciento menos que el año pasado. De esa cifra, 1,1 millones se van en gastos de personal. Ninguno de los dos recibió preguntas de alguno de los cuatro grupos parlamentarios con representación en el Parlamento: Foro Asturias, PSOE, PP e IU.

Sí hubo cuestiones, y varias, para el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor; y para el gerente de la institución académica, Eusebio González, aunque fue tras la intervención del secretario general de la FADE, Alberto González, cuando la comisión se calentó. El representante de los empresarios criticó la tardanza del Gobierno en elaborar el proyecto de Presupuestos, lo que obligó a activar una prórroga «perjudicial» para Asturias, una región cuya «maltrecha economía» requiere actuaciones «inmediatas». Fue tras afirmar que las nuevas cuentas del Principado estaban diseñadas «para persistir en la crisis» cuando el secretario general de FADE explicó el razonamiento que les llevó a esta afirmación.

Según González, el proyecto «no responde a las necesidades del momento económico que está atravesando Asturias», ya que «no persigue objetivos básicos como impulsar la actividad y crear empleo», no restringe los gastos corrientes y relega las inversiones a un segundo plano, con 761,5 millones de euros, un 19,3 por ciento menos que en 2011. «Los recursos deberían dirigirse principalmente a inversiones productivas y dinamizadoras de la economía, que generen riqueza y con ello puestos de trabajo», añadió, no a mantener los gastos de una Administración que «ha engordado demasiado».

Atendiendo a las grandes cifras, el proyecto presupuestario consolidado del Principado para 2012 asciende a 4.348 millones de euros, un 0,28 por ciento menos de lo presupuestado inicialmente en 2011. Considerando únicamente la Administración del Principado, la cifra alcanza los 4.208 millones, un 1,82 por ciento más que lo proyectado un año antes. «Cuestionamos la sostenibilidad de estas cifras», sentenció el secretario general de la FADE, «porque son el resultado de una previsión de ingresos que consideramos poco realista».

González se refirió en particular a los ingresos previstos a través del impuesto de transmisiones patrimoniales, «muy vinculado a la crisis», que suman 145 millones de euros. El año pasado por este impuesto se recaudaron 130 millones, 15 menos de los previstos. También recalcó que los recursos incluidos en el proyecto de Presupuestos procedentes del sistema de financiación autonómica eran «excesivamente optimistas», al elaborarse con anterioridad al ajuste a la baja de 40.000 millones anunciado por el Gobierno que preside Mariano Rajoy.