El Gobierno de Asturias se verá obligado a elaborar un nuevo plan de ajuste una vez que el Ministerio de Hacienda ha certificado que el déficit del Principado en 2010 fue del 0,28 por ciento del producto interior bruto (PIB).
Así lo anuncia la Consejería de Hacienda y Sector Público en un comunicado emitido sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada ayer en Madrid, de la que destaca que a propuesta del Principado el borrador de la futura Ley de Estabilidad se redactará acompañado de medidas adecuadas que garanticen la solidaridad entre las regiones y la cohesión económica de España.
Explica que el Consejo trató la liquidación definitiva del ejercicio presupuestario 2010, que para Asturias se ha cerrado con un déficit contabilizado por la Intervención General del Estado del 0,28 por ciento del PIB.
Añade que "esta desviación producida por el excesivo gasto realizado por el anterior Gobierno regional en 2010 y que trató de ocultarse en la Junta de Saneamiento obligará al actual Ejecutivo a elaborar un nuevo plan económico financiero para dibujar las medidas a adoptar con el fin de reconducir las finanzas regionales a la senda de la estabilidad".
El Consejo acordó la creación de dos grupos de trabajo, uno encargado de participar en la redacción de la ley y otro que preparará las medidas para reducir los sectores públicos autonómicos y se inicia el procedimiento para la valoración de los resultados del actual sistema de financiación autonómico, destaca la Consejería.
Desde la perspectiva de la estabilidad presupuestaria, los acuerdos adoptados versan sobre la necesidad de implementar mayores controles en la ejecución de los presupuestos autonómicos y las comunidades autónomas se comprometen a ajustar sus objetivos de déficit a las disposiciones emanadas de la Unión Europea (UE).
En lo sucesivo el régimen de seguimiento del déficit y las sanciones que puedan recaer por su desvío serán los previstos por la UE.
Uno de los principios que se introducirán en la ley es el de transparencia presupuestaria que persigue la necesidad de que todas las comunidades autónomas informen al Ministerio de su deuda oculta ("gasto desplazado" o "facturas en los cajones"), destaca la Consejería, que agrega que el Estado conmina a todas las comunidades, entre las que está Asturias, a acabar con esta práctica que considera ilegal y contraria a la transparencia.
En consecuencia, muchas de las medidas de apoyo estatal a las comunidades autónomas debatidas en el Consejo para apoyar financieramente a éstas tienen como premisa que las comunidades afloren todo su déficit oculto y de no ser así no podrán tener acceso a las mismas.
El Gobierno de Asturias ha condicionado su apoyo a la futura ley a que coexistan en su contenido además de medidas de aseguramiento de la estabilidad otras para la salvaguarda del principio de solidaridad.
En este sentido, el consejero de Hacienda, Ramón del Riego, solicitó al ministro, Cristóbal Montoro, a dejar sin efecto el acuerdo de eliminación de los fondos mineros adoptado en Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre.
Ello porque "es un grave incumplimiento de un acuerdo sectorial suscrito por el Ministerio de Industria, que hace recaer sobre Asturias una parte del recorte de gasto estatal muy superior al peso del Principado en la economía nacional".
Por otra parte, los planes de reducción del sector público autonómico deben estar concluidos este año.
El consejero asturiano informó de que en el caso del Principado existen dificultades pues "tras la última ley aprobada en la Junta por PP y PSOE las facultades del Ejecutivo regional para modificar el sector público no recaen en el Gobierno".
El ministro contestó que en el caso de producirse impedimentos a los programas de reducción el problema podría solucionarse mediante la aprobación de una normativa estatal básica de aplicación directa por parte de los ejecutivos autonómicos, según indica la Consejería.
A requerimiento de Asturias y otras autonomías, el Consejo aprobó un grupo de trabajo que se encargará de cuantificar los efectos territoriales del nuevo sistema de financiación autonómica aprobado en 2009 y a la vista de los resultados iniciar el procedimiento para su modificación.
Asturias es una de las comunidades que no están de acuerdo con alguno de los parámetros retributivos contenidos en el sistema actual al no tener en cuenta adecuadamente circunstancias sociológicas y geográficas, concluye la Consejería.EFE
